Así que el reto es grande para el presidente y su gabinete, ya que, a partir del primero de junio, se deja atrás el discurso “devuelvan lo robado” y “cuando no se roba el dinero alcanza”. La realidad del país es cruda y enorme, y está claro que los problemas no se resolverán con un tuit ni con discursos mediáticos que envalentonan a las masas. Las expectativas de la población que votó por el presidente electo son elevadas, pero son aún mayores las expectativas de aquella parte de la población que no votó por él, ya que cualquier error que cometa él o su gabinete, tendrá de día y de noche señalándole las incapacidades y las omisiones.
Así como el presidente electo y sus correligionarios han sido duros con la partidocracia, (aunque se lo merecían). No habrá chance en su gobierno para el error, la corrupción, la impunidad y la demagogia. Como lo dijera en su discurso de toma posesión Mauricio Funes: “no tenemos derecho a equivocarnos, mi gobierno será de meritocracia”, al final todo fue un fraude, hizo justamente todo lo contrario, tanto así que privilegió a sus amigos y hasta les consiguió un buen empleo a los cuasi suegros y a su amiga le gestionó un pasaporte diplomático.
De manera que la vara con la que se medirá a este gobierno será grande, y no porque la población así lo desea, sino porque el estándar que estableció el presidente electo en campaña fue alto, en consecuencia, la expectativa es que se combata la corrupción de frente, independientemente de quien sea, que se elimine el nepotismo, que no se privilegie a los amigos, que se bajen los gastos de viajes y viáticos, que se eliminen los sobresueldos, que no hayan compras fantasmas, que se elimine la partida secreta tal como se prometió en la campaña.
De la misma manera se requiere que se disuada el tráfico de influencias en las contrataciones de servicios públicos, donde se crean miles de empresas nuevas con testaferros de socios, solo para drenar los recursos públicos por medio de libre gestión o licitaciones amañadas, de las cuales ha sobreabundado en los últimos años. Todo ello en relación al manejo de los bienes del Estado, pero en cuanto a las promesas de campaña, se tiene como expectativa que se bajen los niveles de violencia, que la economía crezca tal como se ha ofrecido.
Y se espera que en los primeros 100 días de gobierno, se comience a hacer realidad lo establecido en el Plan Cuscatlán, cito literalmente una parte introductiva, las más emblemática a mi criterio: “Necesitamos un aparato de Gobierno más eficiente, más compacto, más efectivo, más ciudadano, menos político y más técnico. Un aparato estatal que elimine los ‘cacicazgos institucionales’, que saque del mapa las prioridades personales o de pequeños grupos, y que ponga más interés en las prioridades ciudadanas. Un Gobierno que, por el contrario, le dé prioridad a la participación y voz a la ciudadanía. Con ello optimizaremos la operación de cada institución”.
Si el presidente electo y su equipo de gobierno, logran cumplir con un buen porcentaje de lo ofrecido en el Plan Cuscatlán, haciendo crecer la economía, reduciendo la brecha de la desigualdad, creando oportunidades, mejorando la educación, atrayendo inversión extranjera, construyendo el tren, y el aeropuerto de La Unión, estarían consagrándose por el camino correcto y, consecuentemente, se ganarían la simpatía hasta la de sus detractores y críticos.
En suma, para lograr todo lo anterior, se requerirá que el presidente electo construya puentes de entendimiento con el resto de actores políticos y trabajar de la mano con el sector productivo, ya que ofrecer es fácil, cumplir es difícil, de modo que para poder darle cumplimiento a una buena parte de lo prometido y hacerle frente a cada desafío que enfrenta El Salvador, se necesita de la ayuda de todas las fuerzas vivas del país, incluyendo las iglesias, ya que será una falacia creer que los problemas se solucionarán con la sola intervención de un solo hombre o por medio de un tuit.