En el caso más reciente, el exmandatario aceptó haber pagado a una empleada judicial, para que le mantuviera informado de los pormenores en torno a la tramitación de la causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Esta entrega de dádivas a un servidor público es considerada una forma de cohecho y se castiga con una pena de seis a diez años de prisión.
El acusado negoció rendir su confesión en un “juicio abreviado“, que de acuerdo con la ley, permite reducir la pena del imputado a una tercera parte del mínimo estipulado. Al final, el expresidente volvió al centro de internamiento en el que ya cumple otra pena, a la que según la Fiscalía tendrá que sumar dos años más por el cohecho cometido.
Esta decisión hace justicia sobre un mal que debe erradicarse del órgano judicial, sobre el que las quejas y la desconfianza ciudadana es evidente.
El caso que se comenta fue castigado, pero ninguna autoridad ha explicado las medidas que se tomarán para prevenir situaciones similares, o si va a emprenderse una investigación interna que permitirá proceder a una depuración judicial, que es otra de las decisiones postergadas en el país.