El procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar recomendó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “se haga respetar” en sus resoluciones, ante la insistencia del Ejecutivo de sobrepasar la reciente jurisprudencia constitucional que prohíbe la detención de personas y el decomiso de vehículos a las personas que violen la cuarentena por el COVID-19.
El procurador de Derechos Humanos se refirió al decreto 19 emitido por el Ejecutivo y que legitima el decomiso de vehículos a personas que no obedezcan la cuarentena y habilita al personal de Salud para que ingrese a las viviendas, sin orden judicial.
Acerca de los decomisos, el procurador declaró que serán ilegales, porque la Sala de lo Constitucional ordenó en los habeas corpus del 26 de marzo y del 8 de abril, que el Ejecutivo no puede ordenar estas acciones, mientras la Asamblea Legislativa no apruebe una normativa que regule estos procedimientos.
“La Sala en la resolución del 26 de marzo como del 8 de abril, le ha dicho (al Presidente de la República) que mientras no exista una norma previa que lo habilite, no se puede hacer. El llamado es a la Sala para que se haga respetar. Que la Sala haga las actuaciones necesarias a efecto que se respeten sus resoluciones. Todos debemos de respetarlas, nos agrade o no nos agrade”, declaró el procurador.
Respecto al ingreso del personal de Salud a las viviendas dijo que el artículo 20 de la Constitución Republica establece que la morada en inviolable, por tanto, las autoridades de Salud no pueden ingresar a las viviendas sin el consentimiento del propietario y basados en el decreto 19 del Ejecutivo.
El funcionario recomendó que el “Ministerio de Salud tome las alternativas qué hacer en esos escenarios” y planteó que una de las soluciones es establecer “cordones sanitarios” en las zonas donde haya personas con COVID-19.