Antes también recomendó a los diputados no aumentar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) del 8 % al 10 %, el cual con más criterio político que técnico ya fue aprobado la semana pasada, generando con ello más gasto público sin que se tenga certeza de donde saldrán las fuentes de financiamiento de esos fondos ni cómo será la forma correcta de controlar que se utilicen de manera transparente y en obras de desarrollo local, pues no hay un ente especializado en efectuar la contraloría de ese dinero. La Corte de Cuentas de la República es un ente partidizado y eso es un ruido de origen en las contralorías sobre las municipalidades.
La propuesta del FMI pretende un ajuste fiscal del 2 % del Producto Interno Bruto, entre 2019 y 2020. Como parte de la evaluación efectuada por el FMI, la jefa de la misión Alina Carare, reconoció de manera diplomática que el actual gobierno hace esfuerzos para sanear las finanzas públicas; sin embargo, añadió que no son suficientes y que la deuda pública seguirá creciendo. Carare sostiene que las medidas se deben adoptar cuando la economía está fuerte, porque las consecuencias o los efectos fiscales son menores.
Entiendo la posición del FMI, pues indudablemente los miembros de la misión que hicieron la evaluación son expertos en materia financiera; sin embargo, está claro que ellos vinieron a evaluar la macroeconomía y los informes oficiales, nunca tuvieron un acercamiento con los emprendedores, microempresarios y el colectivo de obreros y familias que subsisten con el salario mínimo o que son parte del subempleo o desempleo. No visitaron los mercados ni tuvieron acceso a conocer los ingresos y egresos de las grandes empresas o las transnacionales. Estoy convencido que nunca tuvieron visitas a hogares salvadoreños, para conocer sus economías domésticas.
Tal vez los señores del FMI no saben que en el país apenas se anuncia un “posible” aumento del salario mínimo, de inmediato se acrecienta el precio de los productos de la canasta básica. Quizá desconocen que culturalmente los salvadoreños prefieren tener servicio de cable y recarga en sus teléfonos, antes que comprar alimentos y ropa u otros insumos vitales. Somos consumistas más que productores.
En cuanto al IVA, el FMI debe saber que de inmediato quien sufre las consecuencias es el ciudadano común. El precio de todos los productos sube y es ineludible pagarlo. Una empresa transnacional o la misma gran empresa nacional no asumirá ese incremento del 2 % del IVA; pues de manera inmediata lo traslada al consumidor final.
Cuando el FMI dice que este es el momento adecuado para incrementar el IVA y crear otros impuestos porque la economía está fuerte, es obvio que solo se trata de una retórica diplomática para “tirar la pedrada, pero con gracia”. Cientos de miles están desempleados, el país sigue expulsando a su gente por falta de oportunidades, continúa el despilfarro en algunos estamentos, el nivel de evasión y elusión de impuestos es amplísimo y siguen prevaleciendo los criterios intereses particulares y políticos, prueba de ello es la aprobación del incremento del Fodes, responsabilidad que deberá asumir el nuevo gobierno y que lógicamente le significará un problema que irradiará hacia el incremento de la deuda pública con graves secuelas para la economía nacional.
En cuanto al impuesto predial, ya antes se ha analizado. Incluso la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures) ha elaborado una propuesta desde hace años. Aplicarlo o no, debe ser producto de un estudio profundo de nuestra realidad y no necesariamente porque es recomendación del FMI, un organismo que busca fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento del comercio exterior, así como fomentar la estabilidad de los mercados financieros. EL problema del FMI, es que como expertos en materia financiera, obvian el aspecto humanista.