Cada 15 días el Ministerio de Economía anuncia los precios de referencia de los combustibles, con base a una fórmula referencial, para las tres zonas del país y ya es decisión de las estaciones de servicio decidir si adoptan esos precios o si los mantienen lo más próximo posible, generalmente abajo del precio anunciado, por razones de competencia. Siempre, la gasolina y el diésel es más cara en la zona oriental que en el resto de zona, lo cual es ingrato, aunque se trata de justificar que se debe al gasto que implica el transporte del combustible.
Reitero, aunque el Ministerio de Economía no define los precios, el Estado a través del Órgano Ejecutivo si puede promover los mecanismos legales para que el precio no suba tanto controlando los cinco impuestos que actualmente pagamos por el galón de gasolina (y diésel). Actualmente pagamos alrededor de $0.80 por cada galón, ya que pagamos el 13 % del Impuesto del Valor Agregado (IVA), $0.20 para el Fondo Vial (FOVIAL) aunque muchas vías permanezca llena de baches, $0.10 para la Contribución al Transporte (Cotrans) para subsidiar a los transportistas a efecto de que éstos mantengan una tarifa baja para los usuarios a pesar del mal estado de los autobuses viejos. Un cuarto impuesto es el Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE), que antes era conocido como “impuesto de guerra” pero que ahora es utilizado para financiar al gas propano que se consume en los hogares salvadoreños. Aún hay más, puesto que pagamos un quinto tributo denominado Impuesto Especial a los Combustibles (IEC), el cual se aplica cuando el precio del barril baja de los 50 dólares. Este último se cobra sin importar si el barril se mantiene arriba de ese precio.
El Gobierno debe meditar y evaluar los precios de referencia porque representan un enorme sacrificio para la población y, en ese sentido, valorar si los impuestos pueden ser modificado decrecientemente o eliminados temporal o definitivamente. En este país para la mayoría tener vehículo es una necesidad no un lujo.
Una sugerencia que retomo, porque ya ha sido hecha por muchos economistas y conocedores expertos en el tema, es que haya una ley que permita que cuando la gasolina sobrepase de un precio determinado, se eliminen o rebajen los impuestos. Así, por ejemplo si la gasolina especial o regular llega a valer $2.50 o $2.75 (el precio límite debe depender de un estudio a profundidad de la situación económica de las familias salvadoreñas), que se dejen de cobrar impuestos para no pagar más que eso. Si baja de ese precio, pues que se cobren los impuestos, de tal manera que los combustibles mantengan un precio razonable de manera permanente.
Los altos precios de la gasolina aumentan el valor de los fletes y disminuyen el poder de adquisición de las familias. Al aumentar el precio del transporte de productos, en efecto cascada, se produce un alza de los productos de la canasta familiar. A veces son apenas centavos, pero suficiente para perjudicar el nivel de adquisición. A ello hay que agregar que, aunque somos un país pequeño, consumimos gasolina en exceso por los graves congestionamientos viales que se hacen en las grandes y medianas ciudades. Hay arterias y calles secundarias en el país donde, en horas pico, se transita a cinco o diez kilómetros por hora. Basta que un carro se quede varado o que haya un accidente grave o leve, incluso una protesta social, para que se formen intensos congestionamientos que en minutos hacen consumir miles de dólares en gasolina a la colectividad afectada.
Siendo una necesidad para transportarnos no podemos prescindir de hacer uso de nuestros vehículos y, por lo tanto, no podemos evitar ser afectados por los altos precios de los combustibles. Es urgente que las autoridades del Gobierno analicen esta situación y modifiquen la fórmula de referencia que lleve a regular los cobros de impuestos, los cuales evidentemente nos perjudican en exceso cuando los precios de referencia mundial suben.