El vocablo “República” ha sido uno de los más abusados en el ámbito político, sin embargo, estamos viviendo actualmente los problemas de no saber el significado y diferencia entre república y democracia. Y uno de los mayores problemas es la demagogia de nuestros políticos y gobernantes. El significado literal de democracia es: “El gobierno del pueblo por el pueblo”. Pero en ningún momento hemos renunciado a ser una república para pasar a ser una democracia, sino que escogimos ser una república democrática.
El término REPÚBLICA tiene una definición muy clara y muy exigente. A cualquier régimen, autoritario o totalitario se le puede ocurrir llamarse República, pero no pasa de ser un mote si la organización del Estado no cumple con una serie de características.
Escogimos vivir en un régimen democrático, pero avalado por instituciones republicanas, estas instituciones prohíben que el poder esté representado en una sola persona o que éste sea hereditario. El problema de no conocer la diferencia entra una y otra (desconocimiento por parte del pueblo y disimulo por parte de los políticos) ocasiona principalmente el uso de la demagogia como elemento de disuasión, corrupción y falta de preparación para puestos públicos.
Una República es un sistema de gobierno fundado en la división de poderes y basa las relaciones de los ciudadanos con la Ley y los considera a todos por igual ante la misma; las leyes controlan al poder y hacen que su transferencia se haga por el sufragio universal, para evitar así la tentación del poder absoluto y el establecimiento de una tiranía. Pero este sistema de gobierno no nace porque sí o de manera accidental. Y no por casualidad los países que son verdaderas repúblicas se cuentan entre los más avanzados del planeta. Este sistema de gobierno está diseñado para que el ser humano pueda vivir en comunidad, pueda sentirse seguro, trabajar en paz, con libertad, bajo la protección de una serie de reglas previas que todos los miembros de la sociedad se comprometen a respetar, so pena de consecuencias jurídicas y en el entendido de que la seguridad de cada uno de los miembros representa la seguridad de todos y de la comunidad como tal.
Una República entonces es una comunidad de personas que decide libremente entrar en sociedad para defenderse de los peligros de vivir en estado natural, que es donde impera la ley del más fuerte y donde nadie, ni siquiera el más fuerte, está seguro.
Las personas se organizan en sociedad para proteger sus vidas, su libertad y sus propiedades. Deben para esto entregar parte de su libertad, someterse a un conjunto de normas acordadas. Ese conjunto de normas, por delegación, es establecido por un órgano legislativo que a su vez está limitado (en su actuar) al bien público de la sociedad. Así el Estado, el ente que la sociedad crea para organizarse y delegar su libertad, también está limitado para evitar que la tentación que genera el mismo en las manos de los hombres no se desborde y actúe con arbitrariedad o abusos.
El poder legislativo hace las leyes, el poder ejecutivo las ejecuta y las aplica, mientras el poder judicial aplica la justicia e interpreta las leyes. Por eso es válido afirmar que una sociedad sólo puede gozar de Constitución Política cuando ésta reconoce las garantías de los derechos de los sujetos y además de la división de poderes. En este caso, cuando no hay independencia de poderes, el poder judicial no tiene nada que controlar y en esa sociedad no habrá Constitución Política.
El doctor Alejandro Serrano Caldera, en su obra “Los filósofos y sus caminos” (2005) explica que “la Ley, las instituciones, las sentencias judiciales, no son mecanismos artificiales o artificiosos, ni meras superestructuras pertenecientes a un mundo exclusivamente formal, desconectado de la realidad, sino entidades vivas, indispensables para la supervivencia del cuerpo social y político, y en las cuales se encarna la vida económica, social y política de la nación. La sociedad debe cumplir con las leyes y las leyes deben responder a la necesidad de la sociedad”.
¿Qué mata a una República? El rompimiento de esa confianza, en otras palabras, el rompimiento del equilibrio, que no es más que una serie de reglas que mantienen un balance entre los ciudadanos y en quienes éstos han encomendado la administración del Estado.