La conformación de las legislaturas salvadoreñas muestran que el partido en el Gobierno nunca ha tenido, desde 1991, mayoría simple o calificada de manera directa. Ha optado por alianzas políticas.

Con mayoría simple, el Órgano Legislativo puede elegir Corte de Cuentas, reformar leyes, decretar impuestos, presupuestos o beneficios fiscales o regular el sistema monetario nacional. Con mayoría calificada, pueden facultar al Ejecutivo a contratar préstamos, elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general, entre otros.

El partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) estuvo 20 años en el Ejecutivo con una composición que varió entre 39, 28, 29, 27 y 34 diputados, de 84, entre los años 1991 y 2009. Su aliado principal fue el Partido de Concertación Nacional (PCN), cuyos diputados oscilaron entre 7 y 16 en ese periodo.

El partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) gobernó 10 años teniendo 35 o 31 diputados. Su aliado Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), hoy aliado del gobierno de Nayib Bukele, le ayudó a tener mayoría.

En la antesala de las elecciones del 28 de febrero de 2021 el partido Nuevas Ideas le apuesta tener nuevamente el dominio en la Asamblea Legislativa, a partir del 1 de mayo de 2021. Pero de una manera directa.

“Nuevas Ideas tendría mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa”, escribió el presidente en septiembre de 2019.

Su aliado, Guillermo Gallegos, de Gana, dijo que requieren “una Asamblea” con “mayoría de Gana y Nuevas Ideas”. ¿Qué pasaría si el Ejecutivo domine el Legislativo?

 

Desequilibrio.

El abogado Eduardo Escobar, de la organización Acción Ciudadana, asegura que este escenario no es el mejor desde una óptica de democracia, aunque sí desde la óptica de la gobernabilidad. Señala que si el partido del presidente logra la mayoría, significa que puede tomar decisiones sin llegar acuerdos con la oposición, pero que se rebajarían o anularían los controles que ejerce la Asamblea hacia el Ejecutivo. Un escenario de alianzas implicaría, de nuevo, un reparto de cuotas.

El director de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Luis Mario Rodríguez, sostiene que el problema no es que el partido gobernante tenga mayoría o sepa construirlas con sus aliados, sino que no se respete el Estado de Derecho y se aprueben leyes contra la Constitución.

Si ocurre esto, advierte, deben activarse los controles interorgánicos, sin embargo, indica, si los magistrados de la Sala de lo Constitucional son electos por una mayoría oficialista se anularía su independencia. Por ello, eso ve necesaria una sólida oposición política.

Aunado a ello, Rodríguez señala que la conducta autoritaria del actual presidente hace prever un uso arbitrario del poder legislativo. En esta situación, explica, son las instituciones de control las que garantizan la estabilidad del sistema político. “Si están cooptadas, se pierde el equilibrio de poderes y el sistema democrático puede fracturarse rápidamente”, indica.
“Nosotros tenemos en el ideario que los bloques son sinónimos de autoritarismo pero no necesariamente. Aún en democracias nórdicas necesitan coaliciones para gobernar”. Nayda Acevedo Medrano, politóloga

Los intereses.

Sin embargo, Nayda Acevedo Medrano, consultora en políticas públicas, asegura que el problema no es si un bloque de partidos logra tener más o menos votos, sino a quién representa. La politóloga reflexiona que por ello es importante la transparencia, la rendición de cuentas y la controlaría.

Así, cree que por esta razón el presidente de la República ha tenido como estrategia no ser transparente. Si es transparente, advierte, “abre a la población qué tipo de país es al que vamos”.

 

Gasolina discursiva.

Uno de los escenarios que pinta la politóloga es que después de las elecciones de 2021 exista un bloque dominante que permita al Presidente avanzar en su objetivo. Sin embargo, señala, este escenario le acaba su “gasolina discursiva”.
“Que exista un bloque dominante que permita al presidente avanzar pero ya no tenga margen frente a la justificación, la insatisfacción de la población ya no va a encontrar eco en ‘los mismos de siempre’ sino en lo mismo de siempre. 2021 ahí nomás está, se le acaba la gasolina”, dice Nayda Acevedo.

Según su análisis no hay margen inmediato para que las oposiciones se recompongan, aunque ve posible el surgimiento de un actor “discordante” capaz de posicionar problemas estructurales de El Salvador.

 

43 votos

  • Leyes


La Asamblea Legislativa necesita 43 votos (mayoría simple) para aprobar o reformar leyes, aprobar memorias de labores, impuestos, acordar una reforma a la Constitución, la comisión de instalación de la Asamblea.

 

  • Corte de Cuentas


También necesita 43 votos o la mitad más uno de los diputados para elegir al presidente y magistrados de la Corte de Cuentas de la República, la institución encargada de fiscalizar el uso del dinero público.

 

56 o 63 votos

  • Deuda, vetos


Para aprobar deuda estatal, superar vetos, declarar incapacidad de Presidente o funcionarios electos por Asamblea, 63 votos para suspender garantías de detenidos o ratificar tratados de límites territoriales.

 

  • Corte, fiscal, TSE


La elección de Corte Suprema de Justicia, fiscal general, Consejo Nacional de la Judicatura, el procurador para la defensa de los derechos humanos y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

 

Caudal electoral de la Asamblea Legislativa

  • La estrepitosa caída del interés en la elección de diputados de El Salvador


 

El nivel de participación de los salvadoreños en las votaciones para Asamblea Legislativa viene erosionándose desde 2009, año en que la elección para diputados tuvo una participación del 65.7 % del padrón.

En ese entonces, había registrados un total de 3.4 millones de salvadoreños mayores de 18 años como posibles votantes pero votaron solo 2.2 millones.

La historia fue mostrando deterioro en el interés electoral de los salvadoreños. Así el caudal de votantes, en porcentaje del padrón electoral, cayó al 51 % en el año 2012 y a un similar 55.7 % en el año 2015.

El Legislativo no recuperó interés electoral en las elecciones de 2018: de 5.1 millones de salvadoreños inscritos en el padrón, solo votaron 2.3 millones, apenas un 45.7 %, lo que muestra una caída de 20 puntos porcentuales o del 30 % del porcentaje de participación logrado en 2009.