Como parte actora, al haber elaborado la demanda presentada el 20 de marzo de 1993 con la que se logró la señalada inconstitucionalidad, estuvimos en la audiencia dos integrantes de la agrupación Víctimas Demandantes (VIDAS): Pedro Martínez y este servidor. Desde esa condición, expuse nuestro planteamiento.
Al resumir la importancia del evento, debe mencionarse que si la SC tenía dudas sobre el incumplimiento de su mandato obligatorio por parte de los órganos de Gobierno citados, el desempeño de sus enviados ese viernes se las espantó. Ello se observó con la actitud de los magistrados, reveladora de su compromiso con el respeto de la Constitución; reconociendo “a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado”, los cinco pusieron por encima de todo la centralidad de las víctimas.
Al difundirla virtualmente la Asamblea Legislativa (AL) y la Corte Suprema de Justicia, muchísima gente se conectó para verla; dos días después, las visitas y reproducciones en redes superaban las 20 000. Si se hubiese realizado solo presencialmente, como las anteriores, eso no hubiera ocurrido.
Antes de nacer VIDAS, con algunas de sus fundadoras asistimos a una “consulta” convocada por la AL; también estuvimos en otra, ya como agrupación constituida. Hubo más. Eran dizque para “cumplir” lo ordenado por la SC; debía hacerlo antes de aprobar en febrero del presente año, la ley vetada por Nayib Bukele. La centralidad y la participación de las víctimas en semejantes montajes no se dieron, pues estos respondían a las presiones recibidas desde dentro y fuera del país; no al compromiso con el acatamiento serio de la sentencia de inconstitucionalidad o de las resoluciones de las audiencias de seguimiento.
Esa inconstitucionalidad se decidió pues la amnistía era “contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial […] y al derecho a la reparación integral de las víctimas” de crímenes contra la humanidad y de guerra; tal aberración ilegal impedía honrar “las obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación integral”.
Con Pedro Martínez solicitamos dos prórrogas de los plazos para que la AL cumpliera; pese a ser concedidas, no lo hizo. Al final, la ley vetada terminó siendo ‒en el fondo‒ igualmente inconstitucional pues era una amnistía encubierta y otra burla para las víctimas.
El Órgano Ejecutivo tampoco ha honrado ‒según la SC‒ su “obligación de diseñar, implementar y dar seguimiento a políticas de Estado en materia de respeto, protección, promoción y garantía de derechos fundamentales, y asegurar que las prioridades en la asignación y ejecución de recursos se orienten a tales fines”.
Así, pues, el Estado no ha respondido debidamente a las demandas legítimas de las víctimas de las atrocidades que sufrieron ocurridas antes y durante la guerra. No ha esclarecido la verdad ni impartido justicia; no les ha reparado integralmente de los daños que les causaron y las garantías de no repetición tampoco existen.
Funcionarios y funcionarias que les han negado eso invocaron e invocan al único salvadoreño elevado a los altares, han tenido su retrato cubriéndoles las espaldas y declarado públicamente su devoción. Para seguir a san Óscar Romero deberían, mejor, cumplir con lo que este profeta de la justicia transicional y sus parámetros ordenó el 8 de agosto de 1977: “Que se haga justicia, que no se queden tantos crímenes manchando a la patria, al ejército. Que se reconozca quiénes son los criminales y que se dé justa indemnización a las familias que quedan desamparadas”.