Hasta hoy, los crímenes graves ocurridos antes de 1980 no han sido considerados en un proceso de justicia transicional. El Acuerdo de Paz también los excluyó de posibles investigaciones. / DEM


Familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 1 de enero de 1980 no fueron incluidos en la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, recientemente vetada por el presidente de la República.

El artículo 59 de la ley aprobada el 26 de febrero y vetada por el presidente, Nayib Bukele, establecía que los hechos investigados, juzgados y sancionados como crímenes de guerra o lesa humanidad deben haber sido perpetrados entre el 1 de enero de 1980 y el 16 de enero de 1992.

La Ley de Reconciliación Nacional aprobada el 23 de enero de 1992, siete días después de la firma del Acuerdo de Paz, establecía que no gozarían de amnistía las personas que habían participado en hechos de violencia “desde el 1 de enero de 1980”.

El acuerdo fue que los graves hechos ocurridos desde el 1 de enero de 1980 no iban a gozar de la amnistía.

Con estas disposiciones, la masacre de estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES), perpetrada por agentes de seguridad estatal el 30 de julio 1975 quedaría en la impunidad. Esta fue registrada a través de testimonios de dirigentes universitarios por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 17 de noviembre de 1978.

De acuerdo a dicho testimonio, los jóvenes de la UES marchaban sobre la 25 Avenida Norte cuando aparecieron unidades blindadas y se situaron por el hospital de Maternidad, con fuerzas antimotines, con fusiles, machetes y garrotes, cascos protectores y máscaras antigases; había guardias nacionales y policías de hacienda.

Según el informe de la CIDH, los manifestantes intentaron desviarse hacia la 3a. calle Poniente, para evitar un enfrentamiento con las unidades blindadas pero, cuando doblaron, contingentes de la Guardia Nacional, estaban ya estratégicamente apostados detrás del Colegio La Asunción. Los universitarios quisieron retirarse, sin embargo, los cuerpos les comenzaron a disparar.

Otro caso que tampoco tendría acceso a justicia es el asesinato del sacerdote jesuita, Rutilio Grande, junto con Manuel Solórzano, de 72 años y Nelson Rutilio Lemus, de 15.

Los tres se conducían en un jeep tipo safari hacia El Paisnal, donde el sacerdote oficiaría una misa a las 5:00 de la tarde, pero nunca llegaron. El informe de la CIDH señaló que fueron emboscados y acribillados.

El rector de la UES, Roger Arias, reclamó esta semana por justicia para las víctimas asesinadas antes del conflicto asegurando que la ley debería ser retroactiva. “La ley debería ser retroactiva (...) esta Universidad fue víctima antes de 1980”. La CIDH también reportó que el 27 de febrero de 1977 una multitud de simpatizantes del candidato presidencial de la Unión Nacional Opositora (UNO), coronel Ernesto Claramount, se congregó en la Plaza Libertad de San Salvador para protestar contra la decisión de otorgar la victoria al candidato del Partido de Conciliación Nacional (PCN), general Carlos Romero.

Los informantes señalaron que, pasada la media noche, cuando la mayoría de las personas se habían retirado, la plaza fue rodeada y después las tropas abrieron fuego sobre las personas.