Se nos hace fácil comprender el entusiasmo de mucha gente por el advenimiento de un nuevo gobierno, diferente a los tradicionales, reflejados en ideologías liberales o conservadoras, modernamente conocidas como de derechas o de izquierdas, o como se les quiera diferenciar, porque de alguna manera significa un cambio que puede significar –si las cosas se llevan por buen camino- un bienestar general para la población salvadoreña.


Aunque hasta el momento, no hemos podido esclarecer un verdadero rumbo de parte del Presidente electo, debido a sus -para nosotros- un tanto confusas afirmaciones sobre sus programas de gobierno, en algunas oportunidades contradictorias, tenemos fe, que con los asesores que ciertamente le ilustrarán en los temas que necesita especialización, logrará superar los obstáculos que cada día surgirán en el desempeño natural de un gobierno.


Dentro de la diversidad de aspectos que ya asoman para presentarse el primero de junio, día de la toma de posesión, hemos observado que aún no se conforma una comisión encargada de recibir oficialmente al gobierno que entrega, lo cual a nuestro juicio, es importante para establecer claramente cuáles son las diferencias y responsabilidades de cada equipo de trabajo y de ser posible, determinar si existen incumplimientos serios, ante los gobernados.


En este período especial en el cual el gobierno saliente, todavía tiene responsabilidad legal sobre la administración pública, y el gobierno electo, que aún no ha tomado posesión, se produce un fenómeno singular en el cual ninguno desea asumir plena responsabilidad de lo que sucede pero al mismo tiempo, tampoco desea abandonar, totalmente, la responsabilidad a su contraparte.


De esa forma hemos tenido como un ejemplo gráfico y específico, el ejemplo del reclamo que ha hecho el Presidente electo a la PNC, exigiendo libere a unos estudiantes capturados en unos disturbios callejeros, bajo amenaza de iniciarles juicio el mismo día de la toma de posesión. Atender esa amenaza puede significar la violación de la ley actual, que manda procesar a los capturados, causantes del delito de daños, por orden de alguien que por ahora no es ni siquiera funcionario, y que cuando llegue a serlo, no será la autoridad competente para dar ese tipo de órdenes.


El caso anterior, a nuestro juicio, solamente nos demuestra que en el grupo que se está gestando el nuevo gobierno, hace falta asesoramiento en cuestiones judiciales, y que por más entusiasmo que exista, debe entenderse que lo que está ocurriendo en el país es un cambio de personas para gobernar, pero que las leyes, el sistema de gobierno, la Constitución, y los organismos que regulan el funcionamiento del Estado, por ahora, son los mismos.


Hemos notado que la forma de presentarse ante las entidades que ha visitado el señor Presidente electo ha sido muy propia, apartándose del tradicional protocolo. Esa será una posición que él decidirá a su mejor conveniencia, aunque no debe perder de vista que a quien representa no es a su persona, sino que a todo un pueblo, a un país, a una República. Por último, cabe hacerse la pregunta para los asesores, para quienes rodean al Presidente electo, e incluso para él mismo: ¿Quiénes deben respetar y conocer las leyes? ¿Todos los ciudadanos, incluyendo las autoridades o solamente los ciudadanos?


En los estados modernos, cuando las autoridades irrespetan las leyes se vuelven antipáticos, y son repudiados por sus súbditos, aunque hayan sido admirados al inicio de sus mandatos. Los buenos gobernantes, con su ejemplo, logran aumentar más adeptos y obtener más apoyos. En el inicio de este ejercicio de nuevo gobierno, sería muy sano tener una nueva y diferente experiencia que nos trajera un nuevo panorama para un nuevo El Salvador. Este período de transición puede ser muy importante para el nuevo quinquenio que se avecina.