Evidentemente la hoja de ruta de Bukele en su perverso afán por desacreditar el proceso de paz es destruir los avances democráticos, controlar y torcer las instituciones a capricho e instaurar un régimen autoritario para perpetuarse en el poder. El artero golpe del primero de mayo a la Corte Suprema de Justicia, la deposición del Fiscal General para suplantarlos atropelladamente por figuras genuflexas a sus caprichos, ha sido la piedra angular para desatar una feroz persecución política sobre periodistas, medios de comunicación “incómodos”, ONG, opositores y partidos políticos. Por lo tanto no debe sorprender el zarpazo de la captura de cinco ex integrantes del gabinete del presidente Funes, la tarde y noche del veintidós de julio y las ordenes de captura para cinco más, la mayoría activos militantes y dirigentes del FMLN, una operación similar a las ocurridas en la época de las dictaduras militares, hoy nuevamente con una clara motivación política. Tampoco sorprende la ausencia de un debido proceso anulando de entrada la presunción de inocencia, retardando el derecho a un abogado para conocer las diligencias, o el respeto por la dignidad humana. Es una operación mediática de odio y venganza que busca descalificar y destruir ética moral y políticamente a la oposición.
El antecedente de estas detenciones arbitrarias tiene relación con el show montado en el teatro legislativo, donde la opinión publica pudo distinguir entre el perverso maltrato revanchista y denigrante que los diputados del gobierno dolosamente aplicaron a Lorena Peña en la Comisión Especial que investiga ONG, nada similar con el trato -evidentemente arreglado- entre Tony Saca y el régimen de Bukele. Mientras el expresidente llegó con el expreso encargo de destruir al que fue su partido (Arena) y descaradamente librar de toda responsabilidad de corrupción a los aliados de Bukele reciclados del gobierno de Saca, Lorena superó con creces la emboscada usando la verdad, su experiencia, sólida formación, valentía y audacia política.
Esta compleja operación represiva y mediática busca contener y desmontar cualquier protesta política o reclamo social mediante la imposición de un acuerdo legislativo que por 90 días vulnera libertades constitucionales pretendiendo impedir la realización de concentraciones bajo el supuesto de los efectos del Covid19; en tanto, el gobierno continúa haciendo concentraciones con sus programas de clientelismo político montado en la calamidad, sin adoptar medidas preventivas sobre el foco infeccioso debido al hacinamiento en el transporte público.
El motivo de Bukele para aplastar cualquier forma de oposición, reprimir o acallar cualquier protesta social o política antes y durante el septiembre negro, es porque en ese periodo ha programado: imponer la circulación del Bitcoin ampliamente rechazado por la población; aprobar de manera inconsulta su Ley de Aguas, apartando todo el consenso alcanzado en el proyecto de ley anterior; y pasar a tubo todo un paquete de 196 reformas constitucionales, aplicadas a los 272 artículos de la Carta Magna con apenas dos páginas de explicación pública. La premura de Bukele al forzar la marcha para imponer sus descabelladas reformas es para anticiparse a la inminente debacle económica y social del país debido, tanto al estrepitoso fracaso de improvisadas políticas sociales, económicas y financieras, como al despilfarro compulsivo de un gobierno irresponsable, incapaz de enfrentar la corrupción que lo carcome, que no sabe cómo estimular la creación de riqueza, ni administrar los recursos, que solo quiere vivir de lo prestado, actuando bajo el mezquino interés de un grupo arribista sediento de poder político que pretende configurar una nueva argolla empresarial arrimado con un rancio sector de la vieja oligarquía.