Más allá de los que se han “montado en ese caballito” del “intento de golpe de Estado” para cargar contra el presidente de la República, con argumentos poco convincentes y hasta ridículos como por ejemplo queriendo decir que no se atrevió a disolver el parlamento por los llamados y las expresiones en contra de países y organismos nacionales e internacionales, cuando la mayoría de ellos se expresaron ex-post facto, horas o días después. Además los intentos de “golpes” o “autogolpes” de Estado no fracasan por mano propia, es decir, porque el que supuestamente lo iba a ejecutar se autocontenga y ya no lo haga, sino más bien porque partes o sectores de las fuerzas armadas o de seguridad los desactivan o contienen. Pensar que a lo primero le podemos llamar intento de “autogolpe de Estado”, sería inaugurar una categoría de “golpe fallido” que nunca ha existido y que quizá se convertiría en un caso inédito en la teoría política sobre el tema. Conclusión: Un total sin sentido esta premisa.
Pensar en la Comisión de algún delito por parte del presidente de la República como el de sedición -que por cierto no encaja el tipo penal-, por haberse hecho presente a la Asamblea producto de una convocatoria que hizo el Consejo de Ministros a la Asamblea utilizando un mecanismo contemplado en la misma constitución, sería el absurdo más grande, pues equivaldría a asimilar el uso de una figura constitucional con la comisión de un delito. Ahora bien, si en su momento la Sala de lo Constitucional considera que tal convocatoria del Consejo de Ministros a la Asamblea no es constitucional, por las razones que ellos crean convenientes, bueno, a partir de ese momento en adelante tal acto no tendrá efectos legales-constitucionales, pero eso es a futuro, porque las sentencias tienen efectos a futuro, no al pasado. Mientras un acto emanado del poder público -y más uno derivado directamente de la Constitución- no ha sido declarado inconstitucional, estos gozan de una presunción general de constitucionalidad y legalidad -ya sean actos legislativos como la aprobación de leyes o actos del ejecutivo-, por lo cual sería otro completo absurdo pensar que el presidente cometió delito alguno al ejecutar un acto que en ese momento era plenamente legal y constitucional, como era la convocatoria que hizo el Consejo de Ministros a la Asamblea.
Más allá de aquellos que han salido a despotricar contra la manera y el estilo con que el presidente actuó para cumplir la convocatoria del Consejo de Ministros, y aún más allá de si a alguien en particular le pueda parecer que fue la correcta y adecuada, lo cierto es que en ese momento el presidente estaba actuando según él consideró que debería hacerse efectiva una convocatoria a la Asamblea que gozaba de total y absoluta presunción general de legalidad-constitucionalidad.
Más allá de todas las “indignaciones”, “rasgaduras de vestidura” y “agravios” que han expresado los miembros de la rancia partidocracia, lo cierto es que el verdadero conflicto planteado no es entre el órgano ejecutivo y el legislativo, como estos lo han querido hacer ver, sino entre el viejo estamento político partidocrático que ha mantenido sumido este país en el atraso y el subdesarrollo, enpantanado en un mar de corrupción descomunal y que llegó al punto de no tener ningún pudor de negociar con grupos criminales para mantenerse en esa posición de poder, que saben que tienen el odio y el desprecio de la aplastante mayoría de la población, y que saben que irremisiblemente serán despedidos y expulsados demoledoramente de la Asamblea en poco más de un año; y por otro lado, un pueblo sufrido, esquilmado, saqueado y estafado por esta inescrupulosa, aprovechada, insensible y desalmada clase política corrupta, que se cansó, que despertó y que ahora reclama que esta rancia partidocracia, además de haber pactado con criminales, ahora tiene el descaro de oponerse frontalmente aprobar el financiamiento de medidas encaminadas a combatir a su principal verdugo cotidiano, cual es la criminalidad. Resultado: ¡La rancia partidocracia favorece a la criminalidad con la que ya un día pactó! En el imaginario colectivo del común. Por cierto ¿Y el antejuicio contra Norman Quijano? ¿Ya se les olvidó? ¿Van a usar este “caballito de batalla del 9F para pretender soslayar el juicio y castigo contra este diputado acusado de negociar con los verdugos del pueblo? Bueno, ahí está planteado el verdadero conflicto de este tiempo ¿Quién prevalecerá? ¡EL PUEBLO POR SUPUESTO!