La economía salvadoreña ha estado paralizada en virtud de la Cuarenta y el Estado de Emergencia, y al ritmo que vamos, es posible que en unos días se llegue a una estanflación (situación económica de un país que se caracteriza por un estancamiento económico a la vez que persiste el alza de los precios). Aunado a ello, están las familias pertenecientes al sector informal, ejercicio libre de profesiones, artesanos, vendedores ambulantes y comerciantes, entre otros, que han sufrido el mayor impacto, dado que no tienen una fuente de ingresos, como en el caso de empleados públicos y ciertos empleados privados, que, pese a la parálisis económica, han continuado recibiendo salario.

En términos concretos, esta situación conducirá a una hambruna sin precedentes en El Salvador, sino es que ya se está viviendo tal situación, con las banderas blancas que a diario se están levantando. De no reactivar de forma inmediata y paulatina la economía, guardando todas las medidas sanitarias, no podremos salir del “default” que se avecina, debido a que la deuda soberana, con todos los préstamos que se han hecho más los que están en camino, asciende un poco más o menos al 93% del Producto Interno Bruto, significa que de cada dólar que se produce en el país, se deben 93 centavos, quedando para sostenimiento, gastos e inversión siete centavos.

Ante este escenario, es inminente la insolvencia y la falta de liquidez, que vivirá El Salvador, por lo tanto, es urgente que se cree un plan de reactivación económica, de forma gradual, enfocados en el menor riesgo para la expansión del virus, menor impacto en la pérdida del empleo y aumentar la productividad a través de estímulos financieros e inversión estatal, para que el crecimiento del PIB sea positivo a pesar de la pandemia. Para ello es crucial fortalecer el agro en estos momentos; abrir escalonadamente el turismo, servicios de aviación y marítimos, maquilas, industrias, construcción, bienes raíces, manufactura de productos no esenciales y servicios con poca atención al público.

Entre más sectores estén produciendo y mayor sea su aporte productivo en la economía, menos difícil será la tarea de la reconstrucción económica salvadoreña. Por lo tanto, es vital crear un decreto de Emergencia Nacional, que enarbole la prevención sin descuidar la productividad escalonada, que este enfocado en apoyar a los diferentes sectores, particularmente a los perdedores.

Es evidente que hay una resistencia de parte del Órgano Ejecutivo, para que la economía continúe paralizada, sin embargo, no ha presentado ningún plan económico, que permita visualizar cual será el camino en los próximos tres meses, donde se verá el mayor impacto negativo en las economías familiares, de aquellos salvadoreños que viven en extrema pobreza, y seguramente ahí estará el estrato social de la clase media y media baja, con dificultades para hacerle frente a las hipotecas y préstamos personales, ya que sus fuentes de ingresos ha sido destruida, debido que cientos de empresas han comenzado a anunciar el cierre de operaciones.

Ante la vista impávida del Gobierno Central, recordemos que el efecto cascada, ya está en marcha, y no se podrá revertir a menos que la Asamblea Legislativa, tome el liderazgo y pueda considerar el plan de reactivación económica que ha presentado el INCAE de forma gratuita, y lo incorpore en el decreto de Emergencia Nacional, dada la ausencia de plan por parte del Ejecutivo, ya que al parecer el enfoque ha sido el gasto de los recursos públicos, sin dar mayores explicaciones ni auditorias, pero sobre todo sin las limitaciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

En suma, bajo este parámetro, se puede visualizar el interés por parte del Órgano Ejecutivo, que no haya una reactivación empresarial, sino más bien una posición farrea de ir dilatando la apertura económica, sin dar mayores detalles de la contención de la pandemia, pero más allá de la importancia de la vida de los salvadoreños, en mi opinión el Ejecutivo le está dando mayor énfasis a las compras gubernamentales sin límites, lo anterior lo baso en el Artículo 11 del decreto número 18, donde el Ejecutivo autoriza al Ejecutivo, a realizar las compras sin controles ni limites, en su esencia, se vuelve juez y parte, tal como lo hizo en una ocasión de forma abusiva el expresidente Funes.