La DGCP envió nota a la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa, en la que señala que para el 2019 está proyectado un ingreso de $1,657,675 en concepto de la emisión de certificaciones de antecedentes penales, que tienen un costo de $3 cada uno.
Con ese dinero, según Centros Penales, ellos pagan los salarios de 120 empleados, alquiler de infraestructura, servicios básicos como telefonía y electricidad, combustible y material de oficina. Por tanto, la reforma causaría “un grave perjuicio económico a la institución”.
El diputado del PDC, Jorge Mazariego, quien propuso la reforma, expresó que muchos jóvenes que andan en busca de trabajo se ven limitados económicamente al tener que pagar por la constancia. Y ellos van a varias empresas y cada una les piden el mismo documento y eso les implica aumentar sus gastos.
La Comisión acordó pedir más información a la DGCP y al Ministerio del Trabajo sobre alternativas que puedan darse a los jóvenes. La DGCP dijo que el costo del documento es accesible y que el 70 % lo solicitan con fines laborales.