El descontento de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales no logró detener a la Asamblea Legislativa: con 44 votos, en una plenaria extraordinaria, culminó la aprobación de la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional para cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional.
Valiéndose del plazo que impuso la Sala hasta el 28 de febrero, diputados del PCN, PDC y Arena dieron sus votos para evitar que la Asamblea volviera a caer en desacato, suprimiendo, de acuerdo a las víctimas, su derecho a ser escuchados.
Las salidas ahora se reducen a un veto presidencial anunciado por el presidente de la República, Nayib Bukele; y una nueva sentencia de inconstitucionalidad, advierten juristas y abogados defensores de derechos humanos.
La falta de acceso a archivos militares, las penas mínimas para crímenes de guerra y la inestabilidad jurídica, son sus principales preocupaciones.
