La coordinadora de atención a víctimas de violencia del SSPAS, Johana Ramírez, informó ayer que de enero a septiembre, la entidad brindó asistencia humanitaria en 140 casos que involucran a esas 360 víctimas de desplazamiento forzado. El año pasado, en el mismo periodo, reportaron 46 casos que aglutinaron a 136 personas desplazadas por violencia.
Durante la presentación del informe de caracterización de víctimas de desplazamiento forzado interno ocasionado por la violencia en El Salvador 2018-2019, Ramírez señaló que de 140 casos, cuatro desplazamientos fueron causados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y 136 por pandilleros de la MS-13 y el barrio 18, facción sureños y revolucionarios.
“En algunas de estas circunstancias, los agentes no son denunciados porque la gente teme a represalias, porque la misma policía te está amenazando”, aseveró Ramírez.
Asimismo, la coordinadora de atención a víctimas del SPASS señaló que de los casos registrados hasta septiembre, en 16 son víctimas los mismos policías que fueron amenazados por pandilleros y se vieron obligados a abandonar sus lugares de residencia, esto debido a que las mismas autoridades de justicia no les garantizaron protección a sus familiares.
El informe del SSPAS señala que al menos 36 casos de desplazamiento forzado fueron personas entre los 30 a 50 años de edad, mientras que entre los 18 y 29 años documentaron 87 y en menores de cero a 11 años, registraron 75.
En al menos 85 denuncias, las víctimas desplazadas sufrieron daños emocionales y mentales, y otras 74 tuvieron afectaciones laborales y económicas.
El informe dice que en 64 víctimas el desplazamiento causó problemas familiares y en 36 casos los victimarios ocasionaron afectaciones físicas.
Deuda
Para la directora del Servicio Social Pasionista, Verónica Reyna, el Estado salvadoreño tiene una gran deuda con las víctimas de desplazamiento forzado, debido a que no hay un registro oficial.
“Las organizaciones no tienen la capacidad de tener un registro a nivel nacional que permita conocer bien del fenómeno de desplazamiento; el Estado salvadoreño tiene esa deuda de poder registrar”, dijo Reyna.
El pasado 10 de septiembre, la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa, que discute la creación de la ley especial para la prevención y protección de víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado, aprobó que las personas desplazadas tienen derecho a recibir un trato digno, a que el Estado garantice la integridad personal y que haya protección especial y prioritaria cuando las personas desplazadas sean niñas y niños.
Desde esa fecha, los diputados de la Comisión no han reanudado la discusión para estudiar los artículos de la ley.
En julio de 2018, la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, ordenó a la Asamblea Legislativa a reconocer el fenómeno y a legislar sobre un marco normativo para proteger a las víctimas, amparó a una familia de 21 miembros que fueron víctimas de desplazamiento forzado a causa de las pandillas.
