La barbarie es un término que desde tiempos inmemoriales era usado por gobernantes e historiadores, por lo general para proclamar y justificar la superioridad de su cultura sobre la de los pueblos;, fueron los Romanos quienes popularizaron el término. Hoy el concepto es cuestionado en las ciencias sociales asociándolo con concepciones racistas, pero continua vigente en el lenguaje político y común tanto para calificar acciones o situaciones de retroceso en la gobernanza del pueblo, como también para calificar un hecho como sorprendente y admirable.

En campo político–jurídico barbarie se considera antítesis de civilización; hay que recordar que civilización viene de “civitas”, que suele traducirse como ciudad, pero tiene un significado más amplio y se aplica a una sociedad en la que sus integrantes se autogobiernan y en la que el pueblo y sus gobernantes se someten a la ley y se expresa en “el imperio de la ley”. Con el traslado de la soberanía de Dios y los reyes al pueblo, y el desarrollo del Estado moderno, el binomio Civilización y Barbarie, se asocia a dos tipos de antagónicos, en un extremo el gobierno civilizado que se ciñe a las leyes en el desempeño de su función y en el otro el gobierno de la barbarie, en el que los gobernantes rigen en base a su voluntad y violan o desconocen las normas preestablecidas.

Los regímenes democráticos se presentan como la expresión más acabada del Estado moderno civilizado, con sus dos componentes básicos, el respeto a los derechos humanos universalmente aceptados y su escudo el “imperio de la ley”, mientras que los llamados Estados Fallidos, son la expresión de la barbarie, ubicándose los regímenes autoritarios y dictatoriales dependiendo del nivel de irrespeto a los derechos humanos y al imperio de la ley.

En la historia moderna tenemos una serie de ejemplos, como los fascistas que crearon una legalidad perversa su gusto o al de su partido, los gobiernos militaristas y populistas, que entran en conflicto con los principios de derechos Humanos, también los encontramos en las revoluciones triunfantes como “El Terror” de la francesa en 1793 y 94 responsable de no menos de 1300 ejecuciones, o, de la Rusa que dicto la Constitución de 1936 que introducía una serie de derechos políticos al mismo tiempo que la “Gran Purga” en la que Cientos de miles de miembros del Partido Comunista, anarquistas y opositores fueron perseguidos, enviados al Gulag o ejecutados.

Los casos más frecuentes en nuestra historia, son de gobiernos que, jurando y proclamando el ordenamiento jurídico democrático Constitucional, no lo respetan sistemáticamente, dictan ordenes fuera de sus atribuciones y cuando encuentran un mandato legal, sea de la ley o de un tribunal que les estorba se niegan a obedecerlo y públicamente lo desconocen; en estos casos estaremos en presencia de la violación al imperio de la ley que, más temprano que tarde, conduce a la anulación de los derechos humanos de los habitantes.

En El Salvador, en la actualidad y con respecto a nuestro problema más inmediato y grave, la pandemia que nos azota, estamos acercándonos al modelo de la barbarie.

La política del actual gobierno ante la pandemia es por una parte presentarse como Salvador de la Patria y por otra parte está empeñado en tratar de destruir a cualquier institución o persona que no concuerde con sus métodos y dictados. En ese camino poco le importan los planteamientos y mandatos tanto de la Sociedad Civil, como de la Asamblea Legislativa y más claramente de la Sala de lo Constitucional ni las crecientes advertencias y condenas de Organismos Internacionales, instituciones de defensa de los derechos humanos y del imperio de la ley y de no pocos gobiernos democráticos que lo han llamado a corregir decisiones que atentan contra la Constitución y las Leyes del país; La respuesta del Presidente Bukele y de su gobierno es rechazarlas e recurrir a la descalificación y el insulto.

Esta conducta se ha evidenciado en múltiples actos: el asalto del 9 de Febrero a la Asamblea Legislativa, los públicos desacatos a sentencias judiciales, los insultos al Órgano Judicial y al Legislativo, la publica falsa acusación a la Corte Suprema de Justicia de incitar al asesinato de millones personas y para coronar, su maniobra de aparentar colaborar con la Asamblea Legislativa en la ley de cuarentena, únicamente para vetarla apenas la aprueba la A.L. ley y gozar de unas cuantas semanas más en su empeño de mantenerla, sin importarle los efectos negativos que está produciendo en la población, especialmente entre los más necesitados, ni el hecho que nos esta regresado a la barbarie al privarnos de una ley que nos dirija en este critico momento; es algo que ni los gobiernos militares más dictatoriales se atrevieron a hacer.

Finalmente ha llegado al extremo de calificar públicamente y reiterar que es un “golpe de Estado” el que un ciudadano afirme que hay base para que la Asamblea Legislativa abra antejuicio al Presidente, cuando lo único que ha hecho es recurrir al derecho que tiene según el artículo 236 de nuestra Constitución cuando textualmente dice: “Cualquier persona tiene derecho de denunciar los delitos de que trata este artículo” refiriéndose a “los delitos oficiales y comunes que cometan”; esta conducta es típica de dictadores e indica que para el gobierno actual la Constitución nos incita al delito al darnos derecho a señalarle al Presidente que consideramos delictivas algunas de sus actuaciones. Esto ya no solo es barbarie es poner de cabeza a la Constitución.