La Comisión de la Verdad de El Salvador, sumando fuentes directas y fuentes indirectas, registró cuatro mil desapariciones forzadas, ocurridas desde 1980 a 1992. Organizaciones de Derechos Humanos hablan de entre siete mil a nueve mil desparecidos, durante los 12 años de conflicto armado.
Las cifras actuales ya superaron en creces las cifras registradas durante la guerra. En el país ocurren diariamente nueve desapariciones de personas. Una cifra que supera el promedio del año pasado de seis homicidios diarios. La Fiscalía General de la República registra tres mil 093 casos desde enero 2019 hasta la primera semana de febrero de este año. Tan solo el 25 % de estas personas fueron encontradas vivas y el 11 % halladas muertas, muchas de ellas en cementerios clandestinos. Del resto, la FGR asegura que continúa investigando.
En el Código Penal se reconoce la figura de desaparición forzada, cometida por actores estatales. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha registrado 46 casos de desaparición forzada en los últimos tres años y la FGR ha recibido siete denuncias en el mismo periodo. En un 63 %, son elementos de la Policía Nacional Civil los denunciados como presuntos responsables.
La FGR registra casos de desaparecidos presuntamente cometidos por actores no estatales como privación de libertad. Se sospecha de las pandillas como principales responsables. Sobre esto, algunos diputados de la Asamblea Legislativa intentaron el año pasado penalizar la desaparición forzada cometida por actores no estatales, dirigiendo también el índice hacia los grupos pandilleriles. El resultado fue la iniciativa de inclusión del delito de desaparición cometida por particulares en una reforma parcial al Código Penal. Desde el Ministerio Público fue creada la Unidad Especializada de Desaparecidos y un Protocolo de Acción Urgente para casos reportados como desaparecidos. Los registros de personas reportadas como desaparecidas por la violencia durante el 2019 superaron el umbral de lo que la Organización Mundial de la Salud considera una epidemia y se colocó en una tasa de más de 48 por cada 100.000 habitantes.
La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. Se han dado avances importantes orientados a la búsqueda de los que fueron desaparecidos forzosamente, así como la reparación para sus familiares. No obstante, conforme lo indicó el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su reciente visita In Loco a El Salvador, está pendiente aún que el Estado salvadoreño ratifique la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Sobre esta base de normativa internacional correspondería construir la normativa nacional específica, enfocada para y con los familiares que diariamente viven esta angustia. La apertura de los archivos de la Fuerza Armada Salvadoreña también serían vitales para encontrar información valiosa. Es lamentable que persista la negativa institucional para dar este paso hacia el futuro.
La prevalencia de la impunidad de ayer nos persigue en la actualidad. Se esperaría que después de casi 30 años desde el cese de la conflictividad armada se dejara ya atrás el dolor de familias buscando a sus parientes desparecidos. No es así. Las voces de los familiares de los desaparecidos del pasado continúan reclamando justicia en el presente. A sus voces se suman voces nuevas que no responden a los ecos de la guerra, sino que surgen desde nuevos dolores y nuevas búsquedas, desde nuevas impunidades y estadísticas que hacen de El Salvador uno de los países más violentos del mundo.