Foto: Juan Carlos Vásquez. DEM


La Red para la Infancia y Adolescencia (RIA) rechazó y condenó la resolución de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador en el caso contra el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado por el delito de agresión sexual en una menor e incapaz.

La organización consideró que la Cámara restó importancia a los hechos denunciados por la víctima al declarar que el magistrado cometió como una falta y no un delito, lo cual a juicio de RIA viola "la dignidad humana de la niña".

"La decisión de la Cámara ha violado la dignidad humana, la cual exige que cada niña y niño sea reconocido respetado y protegido como titular de derechos y como ser humano único y valioso con su personalidad propia, sus necesidades específicas, sus intereses y su privacidad", indicaron.

Asimismo, calificaron la decisión judicial como "inaceptable, insostenible, censurable, discriminatoria" y que transgrede los derechos de la niña, entre estos el de protección contra cualquier abuso y agresión sexual, y el de acceso a la justicia establecidos en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.

"Consideramos que la decisión de la Cámara es discriminatoria hacia los derechos de la niña por su condición de tal y por la edad, lo que ha provocado que históricamente reciban menor protección jurídica, social, cultural y en otros ámbito", señalan.



Recuerdaron que el Código Penal establece que los delitos de violación y de agresión sexual tendrán penas de prisión más graves cuando fueran cometidos por autoridad pública y cuando la víctima fuere menor de 18 años de edad. "Ambas condiciones están presentes en los hechos" , manifestaron.

En ese sentido, piden a la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador hacer pública la resolución y de conocer los hechos fundamentales de la decisión, también exhortan al fiscal general de la República apelar el fallo y actuar con transparencia en este proceso, informando sobre sus actuaciones a la ciudadanía.

Además, hacen un llamado al Consejo Nacional de la Judicatura a revisar y mejorar el proceso de selección de las personas que opten a desempeñar cargos judiciales, "a efecto de que no se propongan a individuos proclives a cometer abusos sexuales".

Mientras que al presidente de la Corte Suprema de Justicia, le solicitan verificar si los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal cometieron alguna infracción en el referido caso.