El decreto 593 dice que el ISSS subsidiará salarios de personas en cuarentena. / DEM


 

La polémica surgida entre el Ejecutivo y el sector privado, quien pide que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) asuma el pago de salarios, es el resultado de la “rapidez, improvisación y no tomar en cuenta todas las aristas de las decisiones así como la falta de un plan con claridad”, consideró Ricardo Castaneda, coordinador país del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Por un lado, si se le deja toda la carga al ISSS “no va a aguantar y quiebra”, y, por el otro extremo, si el sector privado asume el pago de salarios las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) también colapsarían.

El problema no es sencillo: unas 350,000 personas están en sus casas porque la emergencia por la pandemia del COVID-19 ha obligado al cierre de unas 10,000 empresas según cifras preliminares de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

Icefi propone que el ISSS asuma el salario de las personas que se encuentran en los centros de cuarentena –colo lo indica el decreto de emergencia 593– y que el Gobierno diseñe un programa exclusivo para seguros de desempleo de mipymes en el cual el Ejecutivo subsidie hasta el 70 % del salario y el patrono asuma el resto.

También, propone suspender las cuotas patronales para las cotizaciones a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y que, en lugar de entregar el subsidio de $300 por familia, se otorgue una renta universal de $70 por persona.

 

Subsidio al ISSS

De acuerdo al economista Luis Membreño, tiene “todo el sentido del mundo” que el ISSS se encargue de pagar el salario de las personas que se encuentran en cuarentena domiciliar obligada, y proponen alternativas para evitar su quiebre dadas las frágiles finanzas que la institución maneja desde hace años.

En condiciones normales, el ISSS se encarga del subsidio por incapacidades temporales de los derechohabientes, pero este principio no se reiteró en el decreto ejecutivo del 21 de marzo de cuarentena nacional por el brote del COVID-19 y que obliga a miles de salvadoreños se queden sus casas.

Membreño recordó que los salvadoreños cotizan seguro para garantizar sus ingresos cuando no puedan ir a trabajar ante una incapacidad, así, debería pagar “todas las personas que han aportado dinero para eso y que son los trabajadores y empleadores, porque el Gobierno no aporta”.

Sin embargo, considerando que el Seguro Social no tiene la capacidad financiera para asumir esa responsabilidad porque “esto es fuera de lo normal”, consideró, lo que corresponde es que el Estado subsidie a la institución.

La propuesta del economista es tomar parte del capital de los $450 millones, que ha dicho el Gobierno entregará para las personas que no puedan laborar durante la cuarentena, y aportar al ISSS para sus cotizantes.

“Tienen que cruzar la base de datos del Seguro Social con la base de datos que ellos tengan, eliminar a los que se duplican, entregarle eso al ISSS y así no quebraría y cubriría con la función que le corresponde”, sumó.

La Asamblea Legislativa hizo una interpretación auténtica en la que dejaba la obligación al ISSS, sin embargo, fue regresada a estudio.

 

Tres alternativas que proponen economistas

 

Subsidio al ISSS

El Ejecutivo puede cruzar las bases de datos del ISSS con el listado de las familias que recibirían el subsidio de $300. Se saca a los duplicados y el monto que correspondería para ellos se entrega al Seguro Social para pagar sus salarios.

 

Seguro de desempleo

Crear un seguro de desempleo exclusivo para las micro, pequeñas y medianas empresas. El Estado puede asumir hasta el 70 % del costo del salario mientras que el patrono se carga con el resto, mientras dure la cuarentena.

 

Pago de cuarentenas

El ICEFI propone que el ISSS sea responsable del salario de las personas que se encuentren en cuarentena. También considera que, en lugar de entregar el subsidio de $300, otorgue a cada persona afectada $70 para resolver las necesidades urgentes.