El Comité de Veeduría Ciudadana comenzará la etapa de verificación de la ejecución de los $607.1 millones trasladados al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) para atención de la pandemia del covid-19, los cuales provendrían del decreto 608 que autorizó el endeudamiento de $2,000 millones. Hasta la fecha, los ministerios de Agricultura y Ganadería, de Salud y Turismo no respondieron a las solicitudes de información del uso fondos.

“Todos los recursos que fueron trasladados al Fopromid se hicoern vía acuerdos gubernativos del Ministerio de Hacienda. Dentro de los recursos que se trasladaron a Fopromid encontramos recortes de otras partidas de gastos, por ejemplo, a la partida relacionada con el pago de la deuda”, dijo Ricardo Castaneda, coordinador del Comité de Veeduría.

Ayer presentaron el tercer informa a la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga la colocación y uso de títulos valores y préstamos por parte del Estado para atención del covid-19.

“En el Fopromid no se sigue la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública), por ejemplo, y se dan restricciones también para que la ciudadanía, por medio del derecho a la información pública, pueda obtener información de cómo se administra”, dijo Wilson Sandoval, subcoordinador.

Informaron que también solicitaron información a las alcaldías sobre el uso de los fondos asignados para atención de la pandemia.

El decreto 608 estableció el Fondo de Emergencia, recuperación y Reconstrucción Económica (FERRE) como mecanismo para administración de los fondos para atención de la pandemia, que sería un presupuesto extraordinario.

“El Gobierno no utilizó el mecanismo que habíamos aprobado por ley, sino que fue a aplicar un mecanismo que no estaba considerado”, dijo Yanci Urbina, diputada del FMLN.

El presidente de la Asamblea, Mario Ponce dijo que parte del compromiso era dar cuentas claras a la población y que se necesita saber. “Lo peor de todo esto es que ese dinero lo tenemos que pagar nosotros, no es dinero que hemos pagado en impuestos, los vamos a pagar en un periodo de 30 años a partir del 2024”, dijo.

Y cuestionó cual es el valor real del paquete de alimentos que se están entregando de parte del Gobierno y que son productos de baja calidad.