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El exdirector de Centros Penales, Rodil Hernández, pidió un proceso abreviado a la Fiscalía General de la República, por los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta, pero este no se completó.
Un documento en poder de este periódico revela que el exdirector de penales, acusado en el caso conocido como Tregua II, pidió el juicio abreviado y pagar la responsabilidad civil de $53,388.68.
Hernández solicitó el proceso el 14 de mayo de 2019; el exdirector dijo a la Fiscalía General de la República que hizo 14 cheques y los entregó al entonces ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo.
El proceso abreviado está legislado en el artículo 417 del Código Penal y permite que el imputado sea condenado a una pena menor, luego de haber confesado el delito. Hernández fue acusado junto a Nelson Rauda de haber utilizado dinero de las tiendas institucionales de penales para pagos de inteligencia, cuando se debían invertir en programas sociales de los reos.