El amparo fue presentado por seis transportistas que afirman que el Viceministerio de Transporte "autorizó la explotación de las obras materiales de uso público que conforma Sitramss -carriles segregados y terminales- a favor de Sipago-Subes", sin estar consecionado y sin hacer licitación de cinco rutas, que hace Sitramss.
Los demandantes han dicho a la Sala que el VMT obvió hacer la licitación y otorgó de manera "antojadiza" a Sipago-Subes. Agregan que con ello, el viceministerio vulneró los derechos de igualdad en la aplicación de la ley, además de la libertad de empresa y propiedad.
Los magistrados admitieron el amparo para controlar la aparente autorización por parte del VMT a favor de una persona jurídica particular, "sin estar facultado para ello, por no seguir proceso constitucional y la posible omisión del procedimiento de licitación para otorgar explotación de cinco rutas", dicen.
Los demandantes son Miguel Ángel Martínez, representante de Tramiguay S.A. de C.V.; Héctor Antonio Cruz Ayala, de Acoemta de R.L., de la ruta 41; Miguel Antonio Centi, de Transoy S.A. de C.V.; René Arnoldo Baires, de Acsabus de R.L.; Florinda Recinos de Blommaert (procesada en la Operación Cuscatlán), representante de Acasebi S.A. de C.V. ; José Abel Fuentes, de Acotrans de R.L. de la ruta 7A.
La Sala también dio 24 horas al Viceministro de Transporte (hasta el 31 de mayo es Nelson García) desde el pasado 24 de mayo, para que informe a la Corte si omitió los procesos demandados.
Por orden de la Sala, como medida cautelar, desde el 11 de mayo del 2017 los carriles segregados son de uso público. El nuevo amparo fue acumulado al proceso anterior que no ha sido resuelto.