“Hoy en día resulta difícil imaginar la existencia de funcionarios públicos y en particular de diputados… que carezcan de acceso a fuentes de información como para no enterarse de lo grave de la situación”, indica el escrito. Y le actualiza la cifra de contagiados: 1,725. “Este es un hecho que el legislador no puede ni debe ignorar”, les dice la Sala a los legisladores.
En la resolución emitida esta noche, la Sala de lo Constitucional advierte que no ignora que la pandemia por COVID-19 pone en riesgo la vida y la salud de los habitantes del país y que por ello han exigido a los órganos Ejecutivo y Legislativo que se esfuercen en aprobar una ley que dé respuesta.
De igual forma, hace un llamado al Presidente de la República para que cumpla con su deber constitucional de procurar la armonía social, conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad.
“Y es que el Estado de El Salvador tiene, ante todo, a la persona humana como su origen y fin (art. 1 inc. 1° Cn.), y debe garantizar plenamente la protección de los derechos fundamentales de todos los habitantes de la República”, le recuerda.
En un proceso de demanda contra el decreto ejecutivo de emergencia nacional, la Sala revivió el decreto legislativo 593, que permitía al Gobierno realizar compras de emergencia por el COVID-19.
La Sala evalúa, en otro proceso, la constitucionalidad del decreto 26, que regula la cuarentena domiciliar, las compras por DUI y la prohibición de transporte público, por lo que estas medidas quedarían intactas por el momento.