En la demanda, se expone a los magistrados que el Estado “al no reconocer el matrimonio ni la unión no matrimonial entre parejas del mismo sexo, impone a las personas LGBTI un estigma social de que su conducta es prohibida”, dice el documento.
El artículo 11 del Código de Familia establece el concepto de matrimonio en el país: “Es la unión legal de un hombre y una mujer, con el fin de establecer una plena y permanente comunidad de vida”, mientras que el artículo 90 trata de las nulidades del matrimonio; la demanda es contra la tercera causal: “Cuando los contrayentes sean del mismo sexo”.
Asimismo, el artículo 118 del Código plantea la unión no matrimonial y establece que la regulada “es la constituida por un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio entre sí (...)”.
La Sala dice que los demandantes han argumentado que la concepción de matrimonio actual “produce un trato discriminatorio en razón de la orientación sexual, porque excluye sin justificación razonable al grupo de personas no heterosexuales de la posibilidad de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo y de protección estatal a las uniones no matrimoniales conformadas por las personas del mismo sexo”.
Sin embargo, dicen que la admisión no establece una decisión del fondo del tema, sino que será estudiado cuando la Asamblea y la Fiscalía se muestren parte.
Reacciones
La presidenta de la asociación Comcavis Trans, Bianka Rodríguez, abogó porque la Sala de lo Constitucional se apegue a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en noviembre de 2017, sugirió que todos los Estados miembros garanticen ela cceso a las figuras en los ordenamientos jurídicos, incluyendo el matrimonio “para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por las parejas del mismo sexo”.
El demandante, William Hernández, pidió que el análisis sea apegado a derecho y no a conceptos religiosos.
