La Asamblea pidió el martes a la Sala de lo Constitucional un nuevo plazo para aprobar una ley que garantice justicia a víctimas de delitos de lesa humanidad y crímenes graves. La Sala les había dado hasta el 13 de noviembre pasado. / DEM
El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Aldo Cáder, informó ayer que la próxima semana resolverán la petición enviada por la Asamblea Legislativa para ampliar el plazo para la aprobación de la nueva ley de reconciliación nacional.
El pasado 12 de julio, la Sala amplió hasta este 13 de noviembre el plazo para que la Asamblea aprobara la ley; sin embargo, por falta de acuerdos entre los partidos, generó que este martes solicitaran la segunda prórroga.
El magistrado contó que también recibieron un escrito de las organizaciones de derechos humanos en el cual pidieron que la Sala ampliara el plazo, debido a la incapacidad de la Asamblea para aprobar la nueva normativa.
El magistrado no planteó cuánto tiempo podrían dar de prórroga para que la Asamblea apruebe la normativa y no opinó si los legisladores incurrieron en desacato al no cumplir con el primer plazo dado por la Sala. “Entonces, en estos días estamos evaluando la petición de los demandantes, lo enviado por la Asamblea Legislativa para considerar si amerita no dar un plazo adicional”, dijo el magistrado.
El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional expulsó del ordenamiento jurídico la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 y dijo que la Asamblea podía emitir una nueva normativa sin impedir el acceso a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.
La semana pasada, los partidos Arena, PCN y PDC presentaron a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que propone penas mínimas para las personas que cometieron crímenes en el contexto del conflicto armado.
Esta propuesta reduce de cinco años a seis meses el plazo que tendrá la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar los crímenes durante la guerra y propone que los casos queden cerrados si en esos seis meses no hay suficientes elementos para determinar que se trata de un crimen de lesa humanidad.
Las organizaciones de derechos humanos han rechazado ese proyecto propuesto por los partidos, porque creen que tratan de favorecer la impunidad de los crímenes cometidos durante la guerra.
