El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Aldo Cáder, anunció ayer que están en la fase final del estudio de las demandas sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, presentadas ante ese tribunal en 2016.

“Estamos ya en la etapa final de nuestro análisis, esperamos que en los primeros meses del año podamos tomar una decisión”, informó Cáder en la entrevista de Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña.

Cáder explicó que cuando llegaron a conformar la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la demanda no había sido admitida y la calificó como una de las más “viejas” que tienen sin resolver.

“Tenemos algunas deudas de casos que están desde hace algunos años, uno de ellos es el del matrimonio igualitario; hay personas que solicitaron demanda contra el Código de Familia, aducen que viola, el Código de Familia, a la Constitución, porque no permite el matrimonio entre dos hombres y dos mujeres”, explicó.

El pasado 9 de agosto de 2019, la Sala informó que había admitido dos demandas de inconstitucionalidad por omisión en contra los artículos 11, 90, 118 del Código de Familia que establecen que el matrimonio es entre personas de diferente sexo.

La demanda con la referencia 184-2016 fue presentada por unas 26 personas, mientras que la demanda 149-2016 por 11.

Herman Duarte, uno de los demandantes, dijo que una probable aprobación del matrimonio civil, si bien no es la solución a los problemas de la población LGTB, es “una prerrogativa adicional para alcanzar el estatus de ciudadano”, y señaló que es tiempo que El Salvador corrija los fallos contra estas poblaciones.

Mientras que para la presidenta de Comcavis Trans, Bianka Rodríguez, el único impedimento que ve para implementar el matrimonio igualitario “son los discursos fundamentalistas que aún están dentro de los poderes del Estado”.

Recordó la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recomendó a los Estados miembros, avalar el matrimonio igualitario.

De igual forma, William Hernández, de la Asociación Entre Amigos, consideró que el único obstáculo es el prejuicio de los juristas, y añadió que es el Estado quien debe promover el matrimonio en la sociedad.