Las empresas aumentaron el valor de la recarga./ DEM
La Superintendencia de Competencia (SC) inició un proceso sancionatorio contra cuatro operadores de telefonía por un posible acuerdo para cobrar la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC), confirmó ayer el titular de la institución, Francisco Díaz.
El superintendente Díaz explicó que al entrar en vigencia la Ley CESC, el pasado 14 de noviembre de 2015, la SC recibió una serie de quejas de los consumidores por el incremento en los valores de las denominaciones de recargas móviles prepago realizado por los operadores Digicel S.A. de C.V.; Telefónica Móvil El Salvador S.A. de C.V.; Telemóvil El Salvador S.A. de C.V.; y CTE Telecom Personal S.A. de C.V.
La SC compiló todas las quejas manifestadas, según Díaz, a través de las redes sociales y medios de comunicación. Con esta información, la Superintendencia inició el proceso sancionatorio el pasado 23 de noviembre, y vence el próximo 30 de diciembre para que los operadores puedan presentar a la SC sus alegatos de defensa frente a las sanciones que ha impuesto la entidad.
Aldo Cáder, intendente de Investigación, aclaró que por ser una fecha inhábil, el período se prolonga hasta el próximo 3 de enero de 2017. Después, se establece el plazo probatorio, de 20 días hábiles, en el cual se realizan todas las pruebas, ya sea de oficio por la Superintendencia o las que tengan los operadores.
El siguiente paso, explicó Cáder, es clasificar cuál información es de carácter pública y oficial, para luego remitir el caso al Consejo Directivo, quien analizará si hay o no prueba de la existencia de acuerdo entre los operadores.
Para este proceso, la ley establece un año a partir de la fecha de inicio, prolongable por otro año si las circunstancias lo requieren, explicó Cáder.