Nayib Bukele aprovechó los primeros resultados de las investigaciones que estaba realizando la Fiscalía General de la República, para desacreditar a dirigentes de ARENA y FMLN por haber concertado con las pandillas con fines electorales. Esto fue interpretado por los partidos tradicionales como un ataque político inadmisible, se hicieron más estrictos en la aprobación del financiamiento del presupuesto 2020 y de la tercera etapa de la lucha contra la delincuencia.
Después de varias semanas, durante las cuales el Poder Ejecutivo entregó información que justificaba el proyecto de contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa había llegado a un acuerdo para financiar la tercera etapa de la estrategia de lucha contra la delincuencia. Se hizo público que una empresa mexicana, posiblemente interesada en vender una mercancía cuyo valor era de varios millones de dólares, provenientes del financiamiento de la tercera etapa de la estrategia de la lucha contra la delincuencia, había proporcionado un avión jet privado para que el Director de Centros Penales viajara a México en compañía de una asistente; esto fue considerado por los partidos tradicionales como una señal de posible corrupción, procediendo a que la Comisión de Hacienda buscara la forma de evitar que se realizara esta compra posiblemente amañada, atrasando la aprobación del financiamiento de la tercera etapa de la lucha contra la delincuencia.
Nayib Bukele posiblemente hizo el siguiente análisis de situación: la gran mayoría de la población apoya la gestión gubernamental de combate a la corrupción y la lucha contra las pandillas; la Fuerza Armada considera que la guerra contra las pandillas es esencial en la política de seguridad pública del país, se debe consolidar el control territorial obtenido y obtener el control en otros territorios, de lo contrario se podía revertir la tendencia hacia la disminución de los asesinatos; los partidos Arena y FMLN en vez de colaborar con las investigaciones de los posibles delitos de concertación de acciones con las pandillas, se pusieron en posición defensiva y estaban poniendo obstáculos al financiamiento de la tercera etapa de la estrategia de Control territorial.
Nayib Bukele llegó a la conclusión que era necesario que la Asamblea Legislativa entendiera la importancia de no obstaculizar la ejecución de la estrategia de combate a la delincuencia, hizo uso del Artículo 167, inciso 7 de la Constitución de la República, que autoriza al Consejo de Ministros a convocar a la Asamblea Legislativa para resolver este asunto de interés de la República.
Los partidos políticos tradicionales no estuvieron de acuerdo con la convocatoria del Consejo de Ministros, porque si bien este estaba facultado para hacerlo, la aprobación del financiamiento para la tercera etapa de la lucha contra la delincuencia no era un asunto de interés de la República.
Nayib Bukele, en vez de solicitar que la Sala de lo Constitucional hiciera la interpretación del artículo de la Constitución, decidió convocar una movilización de sus seguidores para evidenciar que la mayoría de la población apoyaba el acuerdo del Consejo de Ministros.
Posiblemente a última hora se adoptó la decisión de radicalizar esta acción mediante el ingreso del Presidente de la República al edificio de la Asamblea Legislativa, acompañado por elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada; así como arengar a la población sobre su derecho a la insurrección porque la Asamblea Legislativa, formada por personas corruptas que hacían tratos con las pandillas, se estaba oponiendo a financiar la lucha contra las pandillas.
El presidente Bukele debería de aceptar, aunque sea en forma privada, que cometió varios errores de cálculo político, posiblemente por una deficiente asesoría política y legal.