El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción emitió hoy un pronunciamiento público en el cual señalan que la institucionalidad que vela por la transparencia y la lucha contra la corrupción "se está debilitando" por las siguientes razones:
- Estancamiento de los casos de probidad dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Una mora que supera los 16,000 casos desde 2014. No hay avances para aprobar una nueva Ley de Probidad cuya iniciativa debe ser de la CSJ.
- El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sin una conformación plena y con señales desalentadoras después de un proceso de elección de sus comisionados. "Ha dejado muchas dudas sobre la independencia del mismo", señala.
- Una Fiscalía General de la República "que no logra posicionar la lucha contra la corrupción como uno de sus temas prioritarios".
- Corte de Cuentas de la República y Tribunal de Ética Gubernamental con un "desempeño ausente y sin ejercer el control que por décadas se les ha exigido".
El Consorcio pidió al nuevo gobierno, de Nayib Bukele, que incorpore "medidas concretas para un combate efectivo a la corrupción" y a la ciudadanía a "exigir que el trabajo a favor de la transparencia se continúe fortaleciendo".
Hacen un llamado a permanecer "atentos" a una discusión "seria y técnica" basada en la "Constitución y legislación nacional" sobre una entidad internacional independiente como la CICIES (Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador).
Además de ello, señaló que sin el impulso de la Sala de lo Constitucional "las otras entidades tenderán a debilitar el paso decidido que llevaban" y hacen un llamado a la Sala a "retomar el liderazgo que la había caracterizado.
Puede leer: La Ley de Probidad declarada inconstitucional
