El presidente Nayib Bukele dijo que acatará las medidas cautelares de la Sala de lo Constitucional, que suspende cualquier convocatoria extraordinaria dirigida a la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, aún no desmonta el plazo que impuso a los diputados: antes del próximo domingo 16 de febrero debían autorizar un crédito de $109 millones para su plan antipandillas. De lo contrario, no impediría “la intervención del pueblo”, la insurrección.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea, sin embargo, ha programado hasta el lunes la discusión del préstamo, mientras la Asamblea no desiste de continuar las dos interpelaciones programadas para hoy 15 de febrero por la reciente contaminación del agua en San Salvador.
La interpelación a los titulares de la administradora del agua y Salud, hoy sábado desde las 9:00 de la mañana, fue precisamente uno de los reclamos del gobernante cuando anunció la polémica convocatoria extraordinaria a los diputados para el domingo 9 de febrero por la tarde.
Este fin de semana, partidos, diplomáticos, instituciones y sectores económicos y sociales están alertas.
“La preocupación es si va a haber agresión en esta Asamblea como pasó el domingo pasado”, asegura Reynaldo López Cardoza, directivo del PCN que perdió el control de la seguridad del congreso el 9 de febrero. El jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, sostiene que el partido “estará vigilante de lo que pase este domingo” y responsabiliza al Gobierno de cualquier acto desestabilizador. El exdiputado Walter Araujo, afín a Nuevas Ideas, convocó a una marcha hacia el congreso mañana. Araujo ha exhortado a la insurrección.
¿Buscarán diálogo?
El embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, rechaza la presencia de la Fuerza Armada en la Asamblea y ha llamado al diálogo pacífico y al consenso.
El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, reconoce que, de extenderse la coyuntura, habrá repercusiones: dos calificadoras de riesgo evaluarán el país a finales de marzo.
“Debe resolverse lo más pronto posible (...) Si esto no cambia, le estaríamos dando la espalda al país en materia de darle la capacidad de generar una actualización positiva para el riesgo de El Salvador”, sostuvo en Radio Club 92.5.
Los partidos, en tanto, parecen tener intención de dialogar. El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, expresa que mantienen una “sincera apertura al diálogo” con el Gobierno pero “con la claridad que no es negociable el respeto a nuestro marco constitucional”.
Jorge Mazariego, del PDC, afirma que siempre han estado dispuestos al diálogo pero solo han obtenido “repudio” y “críticas destructivas” por parte del Gobierno. “El diálogo es la única forma de encontrar la democracia”, recalca.
El jefe de fracción del PCN, Antonio Almendáriz, dice que su partido apoya el crédito, así como el llamado al diálogo de Estados Unidos, tras la presión del Ejecutivo al congreso. “Nos alegra que lo hayan dicho, pero es responsabilidad y tarea de nosotros hacerlo”, indica.
Ningún partido rechaza el diálogo como una salida al conflicto entre poderes. Pero los signos que marcan la tensión aún no se desmontan.