El Gobierno sufrió de la pérdida de confianza del sector empresarial al final del quinquenio con la apertura de las relaciones diplomáticas entre El Salvador y la República Popular China y su aval unilateral, señaló hoy el informe "El Salvador, año político" del Departamento de Estudios Políticos (DEP) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

Según el estudio, la relación entre el Ejecutivo y el sector privado durante el periodo 2014-2019 inició con signos de descomposición en el primer año de gobierno, pasó por una escalada de tensión en el segundo año –con el silencio del presidente Salvador Sánchez Cerén ante las conclusiones del Congreso del FMLN– y la confrontación directa en el tercer año con las diferencias por el aumento al salario mínimo.



De acuerdo al estudio, en el cuarto año ocurrió el desgaste de la relación, aunque no una ruptura, cuando el Ejecutivo intentó usurpar el lugar del sector empresarial de la junta de directores de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget); y, en el quinto año, se desató la pérdida de confianza del sector empresarial hacia el Gobierno del FMLN.

El DEP sostuvo que el estilo dialogante del presidente Salvador Sánchez Cerén y su escasa presencia en los medios de comunicación contribuyó a "un ambiente con menos enfrentamientos" respecto a la administración de su antecesor Mauricio Funes.

Sin embargo, indicó, pese a la inclinación por construir acuerdos del presidente Sánchez Cerén, las gremiales empresariales se quejaron por la falta de ejecución de los pactos y escasos avances contra la inseguridad pública, la situación fiscal y el bajo crecimiento económico.

Los empresarios resienten la falta de seguimiento de propuestas de seguridad del sector privado sobre seguridad, la poca transparencia con la que se debatió el ingreso de El Salvador a Petrocaribe.

Según el DEP, la reputación de El Salvador salió perjudicada debido a la política exterior del Gobierno del FMLN y debilitó los vínculos comerciales y las buenas relaciones con aliados y cooperantes estratégicos como Estados Unidos y Brasil.

El informe también señaló serias deficiencias en la implementación de políticas públicas: una ejecución del 53.5 % de inversión pública, ineficiencia administrativa que deterioraron los programas sociales y el incumplimiento de metas de programas como Comunidades Solidarias y Jóvenes con Todo.

Pese a ello, señala Fusades, el presidente Sánchez Cerén no promovió cambios constitucionales ni alteraciones a la Constitución de la República. "El presidente Sánchez Cerén no mostró una personalidad confrontativa, no buscó trasladar las desaveniencias políticas al campo judicial y no instigó públicamente a sus opositores", indicó el informe, destacando una marcada diferencia con la administración de su antecesor.