El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Alac-Funde) considera que la reforma al Código Procesal Penal para volver imprescriptibles los delitos de corrupción es un “cambio cosmético” porque los funcionarios actuales están protegidos por la conocida como “ley Alabí”, una ley que da inmunidad a funcionarios o personal de salud que realizaron compras de tratamientos en la pandemia.

Wilson Sandoval, coordinador de Alac-Funde, dice que la reforma busca “desviar la atención” de la “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de Salud Pública ocasionadas por la pandemia covid-19”, también conocida como “ley Alabí”, así como las reformas propuestas por el Gobierno a la Ley de Acceso a la Información Pública. “La ley Alabí no ha sido derogada y mantiene inmunidad a funcionarios que cometieron delitos en las compras de emergencia”, indica.

“Estos cambios cosméticos parecerían tener una tendencia a destruir al adversario pero no a tocar a mis aliados, a mis corruptos, en mi administración”, agregó.