De esta forma, según los expertos, el país no tendrá similares experiencias a las de muchos países en la región donde la firma electrónica no ha sido del todo recibida por los usuarios.
“Sin ir más lejos, nuestro país vecino, Guatemala, tiene una ley que se promulgó en el año 2008. Al día de hoy (ocho años después), el uso de la firma electrónica es totalmente anecdótico. En España, con un DNI electrónico repartido a toda la sociedad desde el año 2006, el uso del certificado electrónico, para la realización de trámites con la Administración es del 0.02 %”, comentó el director comercial de Bit4id, Juan Carlos Valero.
Gracias a la identificación de carencias en el mercado, Valero comentó que les fue posible como empresa, desarrollar soluciones sencillas para un uso más frecuente del servicio con productos como los lectores y Token inteligentes, los cuales permiten usar la firma electrónica desde cualquier ordenador sin necesidad de instalaciones o configuraciones adicionales.
“Gracias a la simplicidad de su manejo, la implantación resulta de lo más efectiva”, añadió.
En otros países como Panamá, por ejemplo, existió resistencia inicial de parte de instituciones como los bancos, pues no consideraban que existiese un interés de parte de los usuarios para migrar al uso de la firma electrónica. En ese país se invirtieron $12 millones en la implementación del proyecto, según consignan notas periodísticas.
“Debemos evitar los problemas o las dificultades que países centroamericanos como Guatemala, Panamá y Costa Rica tuvieron en, realmente, hacer que todo mundo use la firma electrónica”, comentó el gerente de ventas de GSI, René Rodríguez.
El caso costarricense se enfrentó, inicialmente, a la falta de servicios en los que pudiese utilizarse la firma electrónica y el interés de los usuarios de utilizarla. Hasta junio de este año se estimaba que se habían emitido 157,000 certificados de firma digital, lo cual es considerado como un avance.
Los ciudadanos de ese país pueden obtener más de 102 servicios distintos en más de 56 instituciones públicas, bancarias y comerciales.
$12 Millones
Panamá invirtió $12 millones en impulsar la firma electrónica, pero tuvo resistencia de los usuarios en su implementación.