Aún falta esclarecer y juzgar a las autorías intelectuales y procesar a aquellos cómplices necesarios que ocultaron evidencia y mintieron al mundo sobre la responsabilidad institucional de la fuerza armada en la masacre. El coronel Montano, viceministro de seguridad pública en 1989, apenas ha sido un eslabón de esta larga cadena de impunidad.
La Fiscalía General de la República no avanza en su deber con respecto al procesamiento de este caso en El Salvador y la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia maneja con demasiada lentitud un recurso presentado ante esta instancia.
En España, solo se ha dado un paso hacia la justicia por el asesinado de los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes. Dado que el tribunal solo estaba facultado para actuar por el asesinato de ciudadanos españoles, no juzgaron los asesinatos de Elba y Celina Ramos, así como tampoco el del sacerdote Joaquín López y López. El gobierno salvadoreño negó la extradición a España de los demás vinculados al crimen. Por esa razón el único juzgado y condenado ha sido Montano.
Quedan sin ser llevados a juicio el expresidente Alfredo Cristiani y jefaturas militares pertenecientes a la promoción de oficiales conocida como “la tandona”, entre ellos el general Juan Orlando Zepeda y Francisco Elena Fuentes. Son también señalados el general René Emilio Ponce, ya fallecido, y el general Rafael Bustillo, también procesado actualmente en el juzgado de instrucción de San Francisco Gotera por la masacre de “El Mozote” en el departamento de Morazán.
El presidente Nayib Bukele fustigó al diputado Rodolfo Parker al conocer la sentencia señalándole que el parlamentario aún faltaba por ser juzgado. El informe de la comisión de la verdad de Naciones Unidas reporta un activo rol de encubrimiento a los militares responsables de la masacre en la UCA por parte de Parker quien entonces operaba como abogado asesor del Alto Mando de la Fuerza Armada. Sin embargo, Bukele omite el hecho que, en el mes de julio del año pasado, su actual Ministro de Defensa, René Merino Monroy, condecoró como veterano de guerra al general Zepeda, obviando la orden de detención internacional que pesa sobre el militar. También no menciona en presidente que la Fuerza Armada, de la que es comandante en jefe, bloqueó en marzo de este año a comisionados del Instituto de Acceso a la Información (IAIP) que pretendían revisar archivos militares en el Ministerio de Defensa a fin de identificar documentación relacionada con la masacre de estudiantes universitarios el 30 de julio de 1975.
Como miembro de “La Tandona”, la cual dijo todavía es una agrupación que existe, el coronel Montano en su alegato final en la audiencia intentó desvincularse y desvincular la masacre con responsabilidad a un alto nivel de la estructura castrense. Esa es precisamente la intencionalidad de los aún influyentes militares que buscan mantenerse en la impunidad. Bajo pactos de lealtad y alianzas, al interior de las fuerzas armadas aún persiste la convicción de que lo actuado durante la guerra fue justificado, incluyendo la desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales contra los que en ese momento fueron calificados como el enemigo.
Treinta años después del martirio de los sacerdotes jesuitas, este mes de septiembre el juez de instrucción que ventila el caso de la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981, ha programado la inspección de 13 instalaciones militares con el objeto de ubicar archivos relacionados con los operativos realizados en el departamento de Morazán en la década de la guerra. Está por verse si la justicia salvadoreña continuará acumulando débitos en la historia de impunidad que pesa sobre las víctimas y sus familiares de graves violaciones a los derechos humanos que arrastramos.