Hasta el momento, se desconocen los resultados de la prueba de COVID-19 que hicieron al ingeniero, el viernes pasado. / Óscar Machón
Los restos del ingeniero Óscar Méndez, de 56 años, quien murió el pasado miércoles en la habitación del hotel donde estaba en cuarentena, fue sepultado ayer sin que se le practicara autopsia.
Horas antes del sepelio, la Fiscalía General de la República informó que desde el jueves se inició una investigación, el caso se conoció luego que Dina de Méndez, esposa del fallecido, acudiera a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a denunciar el hecho y exponerlo ante los medios de comunicación.
El Instituto de Medicina Legal (IML) en horas de la mañana de ayer recibió una petición de la Fiscalía General de la República para que se trasladara a una funeraria de San Salvador a realizar el reconocimiento de cadáver.
Se informó que al finalizar la diligencia se levantó un acta y la Fiscalía no consideró necesario realizarle autopsia, inmediatamente el ingeniero fue trasladado a un cementerio para ser inhumado.
El pasado miércoles, a eso de las 10:00 de la noche, el cadáver de Méndez fue trasladado desde un hotel en Antiguo Cuscatlán, hacia el Hospital Saldaña y el jueves fue entregado a la familia y velado en la funeraria capitalina donde ayer compareció la Fiscalía y el IML para hacer el reconocimiento.
Horas después de la denuncia de la esposa del ingeniero Óscar Méndez, el gobierno a través del Ministerio de Salud emitió un comunicado informando que tenía un padecimiento prostático e infección urinaria y que murió de un paro respiratorio.
El fallecido había sido puesto en cuarentena desde el pasado 13 de marzo, cuando ingreso desde Panamá, país al que había viajado por compromisos laborales.
Cierre de IML
Dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ) cerraron ayer en la mañana las instalaciones porque empleados del IML les habían informado que el director de esa institución supuestamente había ordenado ir a traer un cadáver para practicarle autopsia.
El dirigente sindical, Roswall Solórzano, dijo que la información que tenía era que la persona había muerto en un centro de contención y que eso podría hacer pensar que haya fallecido por coronavirus. Sostuvo que los protocolos establecidos determinan que ese tipo de casos los debe ver el Ministerio de Salud y no el IML.
A Medicina Legal llegaron inspectores del Ministerio de Trabajo y en una reunión con un representante enviado por el director de esa entidad y sindicalistas levantaron un acta, Solórzano dijo que le pidieron al IML que no expusiera a su personal.