El Salvador necesita un cambio de dirección y que el manejo de los recursos públicos sea transparente para que las obras lleguen a las personas más necesitadas y haya una distribución equitativa del dinero público. Para que no se quede en unas cuantas manos de políticos avaros, que vieron de la función pública un atajo para de salir de la pobreza, como el caso de varios cientos de funcionarios de los diversos partidos políticos, que gracias al puesto que han ostentado, ya no tienen escasez en las mansiones en las que ahora viven.
Claro que no se trata de todos los políticos, dado que hay buenos funcionarios y empleados públicos que desean hacer las cosas diferentes, pero lamentablemente tienen las manos atadas al cáncer de la burocracia y a la cultura de la mediocridad que está permeada en la gran mayoría de instituciones del Estado, lo cual vuelve ineficiente los servicios públicos. Por ello el rumbo país, no ha mejorado en nada, aunado a ello, está la cultura del serrucho y la zancadilla que ha sido tradición de los políticos de antaño para desgastar a su oponente. Esto es utilizado para menguar el crecimiento exponencial que lleva su adversario y lograr así un efecto negativo en los tiempos electorales. Todos aquellos rumores y verdades que se dijeron sobre ese político surten un fruto, pero los adversarios no son necesariamente los que pertenecen a otros partidos, sino que pueden ser sus mismos compañeros los que filtran las noticias, y es si como el pueblo se da cuenta de los actos de corrupción y de nepotismo que existen en El Salvador.
La población ahora está más informada que hace 20 años, de manera que hoy es más fácil saber cuando un político solo está actuando para las cámaras y desea ganar popularidad, como el caso del gasto superfluo que se quería hacer de los $32 millones en el edificio legislativo, lo cual es excesivo cuando hay necesidades más urgentes en el país. Creo que la denuncia de Bukele fue un acierto en su inicio de carrera, como lo ha sido reconstruir las relaciones diplomáticas con la Unión del Norte, dado que ello traerá un impacto positivo a la población.
Pero también ha tenido desaciertos, dado que no se puede gobernar a una nación desde el Twitter, aunque es importante tener canales abiertos de comunicación; sin embargo, se debe comprender que el Estado no se reduce a las redes sociales, ni tampoco todo lo que diga un mandatario a través de un tuit, es la verdad absoluta. Los seres humanos somos pensantes, por ello debemos filtrar siempre la información que ahí se vierte, para no caer en posturas románticas, en la que nos volvemos crédulos a todo. Para muestra un botón: el presidente electo exigió a través de un tuit al director de la Policía, que dejara en libertad a los jóvenes de la UES que hicieron una marcha por la supuesta privatización del agua, en la que muchos de ellos dañaron bienes fiscales y propiedad privada; pese a ello, dijo que le daba dos horas a la PNC, de lo contrario se les abriría un expediente el 1 de junio. De modo que lo primero que vemos acá es una intromisión hacia una institución que tiene como mandato constitucional resguardar la seguridad y el orden.
Pero cuando se le pide algo así a la PNC, no solo se está solicitando que se viole la ley, sino que el mensaje que se envía a la población es negativo y anárquico, y desde el Estado se estaría consintiendo que cada vez que se tenga un desacuerdo, éste lo podrá resolver tirando piedras y dañando a la propiedad privada. Y todo ello surge de otro tuit que enarboló el presidente electo donde da por sentado que los diputados quieren privatizar el agua.
Está claro que hemos caído en la era de la desinformación, ya que, de la simple lectura del proyecto de Ley Integral del Agua, se puede inferir que no hay en su estructura ningún artículo que la vincule a la privatización, dado que el mismo artículo 4, prohíbe la privatización del agua. No hay duda que debemos informarnos.