La transferencia solo logró 28 votos de Gana, PCN y PDC, y solo 7 de Arena. / Óscar Machón
El Gobierno de El Salvador no consiguió suficientes votos en la Asamblea Legislativa para lograr una reforma al presupuesto general de la nación 2019, que buscaba trasladar $21.1 millones de fondos para el pago de pensiones hacia la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección General de Centros Penales.
El pasado 19 de noviembre, el Gobierno presentó una petición para reorientar $21,133,880 del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), de la línea presupuestaria destinada al Financiamiento al Sistema de Pensiones; para “eficacia policial” y alimentación de reos.
El FOP es asignado anualmente para pagar la deuda del Estado con los cotizantes y pensionados de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a través de los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
En 2019, esta línea de gastos específica obtuvo un financiamiento total de $246,054,410 para honrar los compromisos con los pensionados; sin embargo, según el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, “se jubilaron menos trabajadores” de los que proyectó el Gobierno, y quedaron “disponibles” unos $21.1 millones.
Sin embargo, la moción solo consiguió 28 votos de los 43 necesarios. De estos fondos, explicó el titular de Hacienda, la mayor parte de $14.03 millones, se destinarían a la Dirección General de Centros Penales para financiar servicios de alimentación para población privada de libertad, por contratos que se adeudan desde julio de 2019.
Además, la Policía Nacional Civil (PNC) recibiría $6.3 millones para cubrir una brecha no financiada del Régimen de Disponibilidad para el personal policial, y $800,000 para pagar servicios básicos y combustibles; ambos destinados para “Eficacia Policial”.
El ministro afirmó que las demandas eran “ineludibles e impostergables”, pero el dictamen regresó a la Comisión de Hacienda con 44 votos.
Los diputados del FMLN fueron los mayores críticos a la petición, alegando que el Gobierno solicite más de $20 millones en diciembre, a pesar que lo estimado para todo el año es de unos $40 millones.
Víctor Hugo Suazo, del FMLN, aseguró que la solicitud fue un “intento del Gobierno para tomar recursos de los trabajadores para dárselos al señor Osiris Luna”, el director de Centros Penales que, añadió, “no ha presentado su declaración de Probidad” ni revelado “quién pagó su viaje a México”.
“Nunca se había aprobado tal cosa en la Asamblea, ni siquiera en los Gobiernos de Arena; y ahora, si se llega a aprobar, sería realmente triste y un mal precedente para que este Gobierno infle esta partida, como los Gastos Financieros, y después diga que lo quiere gastar en cualquier cosa”, agregó.
Durante la plenaria, diputados del FMLN señalaron que aunque reservaron el uso de la palabra, la presidencia legislativa restringió su derecho a razonar su voto, después de negar su apoyo a la solicitud. El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, explicó que el dictamen se fue al archivo por la falta de votos; se reconsideró la moción a petición del diputado de Gana, Guillermo Gallegos, y volvió al la comisión de Hacienda por 44 votos.