La UMO llegó ayer a la Dirección General de Centros Penales. / Wilson Urbina
El Sindicato de Empleados de Centros Penales mantuvo ayer la huelga por tercer día y pidió al gobierno establecer una mesa de negociación con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas.
Ayer, los sindicalistas denunciaron que la Unidad del Mantenimiento del Orden desalojó a trabajadores penitenciarios que se mantenían en apoyo a la protesta, en los penales de Ilopango, San Vicente y la Penitenciaría Central, de Santa Ana.
El secretario general del sindicato, Guillermo Ascencio, denunció: “Nos llama poderosamente la atención y lo denunciamos enérgicamente al Presidente de la República que en vez de instalar una mesa de diálogo, para discutir los intereses de los trabajadores, esté mandando unidades de la UMO a reprimir psicológicamente a este personal; no queremos pequeños dictadores, ni pequeños Hittler en esta República, queremos un presidente honesto, honrado y humilde”, expresó el líder sindical.
Según el secretario del sindicato, no esperaban que el presidente que había prometido “gobernar con los trabajadores y junto al pueblo, ahora nos manda a desalojar por la fuerza”.
Los trabajadores sindicalizados mantienen una reducción de labores desde el pasado miércoles 17 de julio, en protesta por el supuesto maltrato laboral y los actos de corrupción en el sistema penitenciario.
Ascencio se quejó que los titulares de Justicia y Seguridad Pública no quieren enfrentar el problema.
Asencio reiteró que han entregado a los titulares de Justicia un listado de empleados, entre jefaturas administrativas y directores de penitenciarías, que supuestamente maltratan al personal. Mientras tanto, no se están entregando solvencias penales y los reos no salen a audiencias.