Fotografía de Iliana Cornejo / DEM.


 

La actual procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, termina este sábado su gestión y el sindicato de Trabajadores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (Seprodehes) se encuentra celebrando desde hoy el fin de su periodo.

Los sindicalistas aseguran que hoy, su último día hábil de trabajo, la PDDH se encuentra de “gala” y de “fiesta” porque “hasta aquí llegó la piñata” de la procuradora. Señalan que con el fin de la gestión de Caballero concluye un “periodo nefasto” y también se le terminan los privilegios a su esposo “de andar utilizando los vehículos institucionales con combustible y motorista" pagados con fondos de la institución, "como han estado acostumbrados estos tres años”.

 



 

“Fuera Raquel Caballero de Guevara. No queremos nunca más una administración nefasta como esta, condenada por nepotismo”, gritaban los miembros del sindicato frente a la entrada principal de la institución.



 

Recordaron que la funcionaria fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) debido a la contratación de la hija de su pareja en la institución que preside. Además, le fue impuesta una multa de $1,006.80 por violar la prohibición ética de favorecer a familiares en las contrataciones. También se preguntaron por qué la Cámara de Segunda Instancia no ha resuelto el juicio en su contra que tiene pendiente en la Corte de Cuentas de la República (CCR).

El sindicato lamentó que que los diputados no hayan alcanzado un acuerdo para elegir en tiempo al nuevo procurador y señalaron que se corre el riesgo que la institución quedé acéfala, "sin un titular que pueda velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos de la población". Además, valoraron que con la falta de elección, la Asamblea está enviando un mensaje negativo a la comunidad internacional y al pueblo salvadoreño.

Caballero, quien presentó su candidatura para reelegirse en el cargo, tiene seis expedientes de investigación activos en la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de incumplimiento de deberes, coacción, actos arbitrarios, discriminación laboral y coacción de la libertad sindical.