En ese contexto, la CCR “procuraría” que la información obtenida por cada integrante del sistema (en su área de competencia y cuando la información sea de relevancia) sea compartida con cada miembro del mismo; habría un “oficial de enlace” en cada ente para que informe del inicio o cese de funciones de los sujetos obligados (Presidente y Vicepresidente, secretarios, subsecretarios, comisionados, subcomisionados, diputados, magistrados, entre otros) y el SIP los sancionaría por declaraciones tardías, por omitirlas o hacerlo de modo incompleto, hasta llegar a la inhabilitación del cargo.
El exmagistrado de la CSJ, Florentín Meléndez, dijo: “Los operadores de justicia en El Salvador han estado dormidos y apáticos, sin asumir un compromiso verdadero frente a la corrupción. El crimen organizado ha infiltrado al Órgano Judicial” (DEM, 21-MAYO-2014). Recordamos también los resultados de un reciente estudio de la Fundación “Democracia, Transparencia y Justicia” (DTJ): de 1990 a 2018 los magistrados del ente fiscalizador han tenido vinculación partidaria, formal o material, con los partidos políticos.
Después de cuatro años de las declaraciones del magistrado Meléndez y del hallazgo de la DTJ ¿han cambiado las cosas en la CSJ o ha desaparecido el perenne desprestigio de la CCR? La realidad es que ambos Órganos requieren de una depuración profunda, de arriba hacia abajo. No se ha querido hacer por falta de voluntad política. Más le valdría a la CSJ que su Sala de lo Constitucional resuelva la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) sobre el nombramiento de los actuales titulares del ente fiscalizador, antes de proponer que la CCR sea el ente coordinador del SIP. ¿Me equivoco Pinedita?
También se conoció que la CCR impulsará reformas a su ley, entre las que se incluye usar la fuerza policial cuando los entes auditados se nieguen a entregar información a sus auditores, aseverando su titular que ello es una “situación recurrente” (DEM, 24-JUL-2019). Eso sería simplemente gravísimo. Estaría corroborando que, para las entidades públicas, la CCR vale menos que un pepino.
Si bien eso de no poder auditar los “gastos reservados de la presidencia de la república” es algo real, no menos real es la inactividad legislativa para hacer una pinche reforma del Artículo 8 de la Ley del Organismo de Inteligencia de Estado (OIE) y con ello sortear el inconveniente. Pero de eso, a que sea recurrente que otras entidades le nieguen información a la CCR, hay un trecho abismal. Primero, porque ninguna entidad pública está exenta de ser fiscalizada, y segundo, porque según la Ley de la CCR su presidente, quien haga sus veces, sus representantes especiales y los auditores gubernamentales tienen acceso irrestricto a registros, archivos y documentos que sustenten la información, e inclusive las operaciones en sí, en cuanto a la naturaleza de la auditoría lo requiera.
La cruda realidad ha sido que la insolvencia moral y técnica de la CCR, las encubridoras conductas de titulares anteriores y las irregulares actuaciones de algunos malos auditores, son las que le han restado fuerza a la aplicación de su propia normativa, además de evitar enredarse con “problemas políticos”.
Un “Sistema Interorgánico de Probidad” solo será viable si se depuran las entidades que lo conformarán y se abre paso a una “Ley de Servicio Público”, en armonía con una nueva “Ley de Probidad”. De lo contrario, los patos seguirán tirándole a las escopetas.