Desde la administración administración anterior de Centros Penales se inició un proceso de transformación de los centros de cumplimiento de pena, centros de detención menor y granjas penitenciarias que fueron positivos y avances. La actual administración en diez meses ha profundizado los cambios y ha implementado sus propias disposiciones que han generado resultados positivos en orden, limpieza, control, alta inspección, y otros que no existe duda que el control de los mismos está en las autoridades de la Dirección General de Centros Penales; pero ante ya la presencia del COVID-19 y los primeros dos casos de contagio internos en el país, existe un alto riesgo que el virus comience a infectar a más personas y que muchos asintomáticos continúan afectando su entorno.
En nuestro sistema penitenciario existen 37,500 privados de la libertad al 23 de marzo del 2020 más cerca de 3,000 personas en bartolinas de la PNC, lo cual convierte a los centros de detención de personas imputadas, procesadas y condenadas en una verdadera bomba de tiempo ante el virus. Por lo anterior, recomiendo que se puedan en primer lugar considerar, implementar y reforzar las disposiciones que la OMS (Organización Mundial de la Salud) en Europa ha publicado en la guía provisional “Preparación, prevención y control del COVID-19 en las cárceles y otros lugares de detención” y que es integral para todos los operadores y personas relacionadas. Nuestro sistema penitenciario cuenta con una población considerable de personas que superan los sesenta años de edad y que estarían en altísimo riesgo como otras con enfermedades crónicas.
Los hábitos de higiene en nuestros internos e internas no han sido preocupación del sistema penitenciario, ¿qué podemos esperar si el tratamiento penitenciario no es prioridad?, cómo pensar que la alimentación, hacinamiento y educación son aceptables, de ninguna manera, por eso, mayor vulnerabilidad.
En segundo lugar, mi sugerencia es que se implementen otras medidas legales como la detención domiciliar para capturados, en este momento, utilizando las tobilleras electrónicas, además de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, libertad condicional utilizando también las tobilleras electrónicas. Debe considerarse la figura jurídica de los indultos que están en proceso en la Asamblea Legislativa priorizando los grupos de riesgo y otros que puedan mocionarse. Y, de ser necesario, presentar en la Asamblea Legislativa propuestas y reformas dentro de la emergencia Nacional temporales y permanentes.
Será importante mejorar los controles y supervisión con los custodios penitenciarios, personal administrativo y técnico, proveedores de alimentación y las mismas jefaturas, ya que entran y salen de los centros penales. Además prestar atención en bartolinas policiales ya que después van a los penales.
Hay que anticiparse, de lo contrario, podrían comenzar a presentarse amotinamientos de los internos e internas que generen otros problemas como posibles planes de fuga, huelgas de hambre. Se cuenta con el valioso apoyo técnico y asesoría del Comité Internacional de la Cruz Roja, hay que aprovecharlo. Sin duda el aporte de las juezas y jueces de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena y sus equipos de apoyo serán fundamentales para lograr los dictámenes individuales y se les agradece su esfuerzo y trabajo extraordinario.