Ligado a lo anterior, el derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, ya que es esencial en la lucha para el respeto y promoción de todos los derechos humanos. Sin la habilidad de opinar y comunicar libremente, el hombre está condenado a la opresión. Por estas mismas razones, el derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados.
La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos, ya que la libertad de expresar, de comunicar, son ramas del gran árbol de la libertad, como lo es también la libre contratación. La libertad de contratación es el derecho que tienen las personas, empresas o instituciones, para decidir celebrar contratos y con quién hacerlos, así como la libertad para determinar el contenido de los mismos. Por consiguiente, las personas, empresas o instituciones, son libres para negociar la celebración de sus contratos y las condiciones, limitaciones, modalidades, formalidades, plazos, y demás particularidades que regirán la relación creada.
La libertad de contratación está sostenida doctrinalmente en la libertad individual y la autonomía de la voluntad. En la actualidad, es reconocida como un derecho fundamental en las democracias liberales, regulada por legislaciones nacionales en niveles que varían de país a país. Por otro lado, la Libertad de Expresión, dice en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice: “...Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales.
Todo comportamiento de cualquier poder público que atente contra alguna de las facetas que integran la libertad de expresión y contratación, supondría, no solo vaciar de contenido la misma, sino también minimizar aquellos derechos respecto de los cuales se considera complemento esencial para su ejercicio real y efectivo.
Atentar contra la libertad de expresión e información en cada una de sus manifestaciones, sería falsear el principio de legitimidad democrática que señala el artículo 6 de la Constitución: “Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución; pero los que haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan”. Esta es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política.
Los medios de comunicación influyen en la sociedad, en la manera de actuar y de pensar, y modifican los modos de vida, las elecciones de las personas, las costumbres, el consumo (no el consumismo) como es el caso de la publicidad y la opinión pública. Con esto, hay que decir, que es un medio de comunicación fuerte que hoy en día influye y podría contribuir, si crea unos buenos valores al cambio social. Los medios de comunicación tienen una utilidad indiscutible. Sin libertad en los contenidos televisivos, radiales, digitales y escritos, “no hay sociedad libre”.