La Subcomisión Política leyó ayer públicamente el informe que entregará hoy a la Comisión Política en relación a la elección de los nuevos magistrados del IAIP. / Cortesía


La Subcomisión Política de la Asamblea Legislativa concluyó en su informe que los 75 candidatos que entrevistó son potables para dirigir la Corte de Cuentas de la República (CCR) a pesar de que algunos aparecieron con expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República y dos aparecen como afiliados a partidos políticos.

Tres nuevos funcionarios de la CCR deben tomar posesión de sus cargos este 28 de agosto. La presidenta, dos magistrados propietarios y dos suplentes concluyen sus funciones este 27 de agosto.

El informe de la Subcomisión Política fue leído ayer públicamente por el gerente de operaciones de la Asamblea Legislativa: el documento señala que ninguna de las 75 candidaturas puede ser excluida porque no hay condenas.

“Se pudo constatar que los candidatos y candidatas cumplen con los requisitos para ser electos, por lo que se vuelve viable el nombramiento de cualquiera de los mismos, dejando claro que algunos de ellos tienen procesos activos en instituciones del Estado de las cuales en sus informes no se manifiesta que haya una resolución sancionatoria o condenatoria, según sea el caso, sino que son procesos abiertos o activos”, indica el informe final de la Subcomisión.

“Esto no inhibe a que alguno de los participantes pueda resultar electo en algún cargo (...), por el principio de inocencia que establece la Constitución”, determinó.

Una copia del documento fue entregada a cada diputado de la Subcomisión, fue compartido con los medios de comunicación y hoy será entregado en versión impresa y digital a la Comisión Política, que será la encargada de elegir a los nuevos funcionarios.

 

Los expedientes

Según un informe de la Subcomisión Política, de los 75 candidatos hay 22 que tienen desde uno hasta tres expedientes activos en archivo o en archivo definitivo en la Fiscalía General de la República.

La CCR reportó que 16 aspirantes poseen algún tipo de expedientes, con casos en sustanciación, absueltos, con sentencia definitiva ejecutoriada o están solventes de multas.

La Procuraduría General de la República (PGR) reportó que cinco tienen expedientes: uno está en mora, otro fue cesado de su obligación en mayo de 2019 y los expedientes de tres aspirantes se canalizaron también a otras instituciones.

El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) reportó que tres aspirantes tienen expediente en fase de análisis inicial, mientras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que dos están afiliados a partidos políticos.

Asimismo, 12 fueron reportados por insolventes con sus pagos en el Ministerio de Hacienda y tres entregaron los datos incorrectos del Número de Identificación Tributaria (NIT), por lo tanto, se desconoce si le deben al fisco.