Diputados en sesión plenaria ordinaria de este jueves. Foto Óscar Machón / DEM.


 

La Asamblea Legislativa superó, con 59 votos, el veto presidencial a un paquete de medidas de apoyo al sector agropecuario, que incluye nuevas líneas de crédito para pequeños productores y un plazo moratorio para el pago de sus créditos.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, vetó la legislación ayer argumentando que es inconstitucional, al no haber sido consultada ampliamente con el Ejecutivo, específicamente con instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Superintendencia del Sistema Financiero.

El pasado 8 de mayo, la Asamblea aprobó el decreto legislativo 642 que contiene la "Ley especial transitoria de apoyo al sector agropecuario para la seguridad alimentaria". La normativa estaba destinada a beneficiar de forma directa a pequeños y medianos productores durante la crisis por la pandemia de COVID-19.

Con esta ley, se ordena al Ejecutivo crear medidas económicas y financieras que brinden apoyo al sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria de la población, además de mantener las cadenas productivas y puestos de trabajo esenciales.

Un beneficio incluido en la ley es el plazo moratorio para suspender el pago de intereses y a capital de créditos de productores agropecuarios y distribuidores, tanto con la banca privada como con la banca estatal.

Además, el Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Hipotecario y de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) deben crear una línea de crédito para el sector con una tasa de interés no mayor al 5 %.

El diputado del PCN, Raúl Beltrán Bonilla, dio su apoyo a la superación del veto para "dar medidas concretas y reales" a productores agrícolas, "y que no esperen milagros que vienen del exterior, que son solo un paliativo para la hambruna que se avecina", en referencia a la importación de 1.3 millones de quintales de granos básicos hecha por el Gobierno.

La diputada del FMLN, Yanci Urbina, calificó el veto presidencial de "inaceptable, lamentable y condenable". "Esta ley que hoy veta el presidente se establece un plazo moratorio a productores que tienen deudas con la banca, y se les da apoyo con líneas de crédito", afirmó.

Los argumentos de la presidencia, según la diputada, son "solo un pretexto para negar estos beneficios a las personas y a las familias más necesitadas".

"Condenar al sector agropecuario a que no produzca sus propios alimentos y para el pueblo salvadoreño, es lamentable, y realmente dice mucho de un mandatario", agregó Audelia López, diputada del FMLN.

¿Por qué se vetó?

En el veto, el presidente de la República reafirma que está a favor de "implementar medidas que refuercen la protección del sector agropecuario y garanticen la seguridad alimentaria de la población"; pero al sancionarlo, advierte, violaría los principios de contradicción, libre debate y discusión contenidos en los artículos 85 y 135 de la Constitución de la República.

El artículo 85 de la Constitución establece que el Gobierno es "republicano, democrático y representantivo", y prohíbe la existencia de un partido único oficial. En el artículo 135 establece, además, que todo proyecto de ley se traslada en 10 días hábiles al Presidente, que no tiene obligación de sancionarlo en casos específicos.

Dentro de las instituciones que podían "contribuir con sus aportes y opiniones ilustrativas", según el Ejecutivo, están el Banco Central de Reserva, la Superintendencia del Sistema Financiero, el Ministerio de Agricultura, el Banco Hipotecario, BFA y Bandesal; pero ninguno fue consultado por el congreso.

El veto señala, además, que la ley no especifica si se aplicará a los deudores del Sistema Financiero o para el sector no supervisado; además, una tasa de interés del 5 % en líneas de crédito solo es factible cuando las entidades tengan acceso a recursos externos con un costo financiero menor.

"La imposición de una tasa de interés, sin considerar la fuente de fondeo de cada una de estas entidades bancarias, puede causar desequilibrios económicos no deseados y pérdidas en sus resultados", consideró el equipo jurídico de Casa Presidencial.

Además, según Bukele, se viola el principio de certeza jurídica al establecer nuevas normas relativas a la suspensión de pagos, con la aprobación "casi paralela" de la disposición transitoria para la ampliación de plazos judiciales y administrativos en el marco de la ley de regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID-19 (ya vencida), que otorga al Banco Central la atribución de crear normativa para suspensión de pagos.