A los señalamientos de buena parte de la clase política, se han sumado las de organismos internacionales que dan seguimiento a lo que ocurre en El Salvador.
Señalamientos sobre la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad y la necesidad de una reparación justa a todos los afectados por el conflicto, deberían ser razón suficiente para que las fuerzas en pugna se pusieran de acuerdo. Superar o no el veto presidencial no debería ser la única opción a considerar. Existen miles de personas que aún esperan justicia, a las que el Estado se niega a proteger e indemnizar desde hace décadas y a quienes no sería justo hacer esperar más. Además está la necesidad imperativa de la verdad.
La construcción de un consenso sobre justicia transicional no es un reto abstracto. Existe una sentencia constitucional cuyo incumplimiento impacta en la vida de personas concretas, quienes aún demandan conocer la historia de sus seres queridos antes de otorgar el perdón.