Señalan que hay municipios en donde el margen entre un partido y otro es mínimo, y que el voto de 30 policías puede hacer la diferencia.
“En la ex Feria Internacional, en 2014, votaron casi 400 policías, 400 votos que salieron para el FMLN, con respeto, lo digo, pero significa que los $30 que les ofrecieron dos días antes de la campaña a los policías, surtió efecto y ahí están esos casi 400 votos del FMLN”, dijo el diputado de ARENA, Julio Fabián.
Policías y soldados solo han votado en elecciones presidenciales. El 22 de junio de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la omisión del derecho al sufragio activo y ordenó reformar el artículo 195 del Código Electoral, para que se permita y legisle el voto de esas personas, en elecciones legislativas y municipales.
Actualmente no hay prohibición pero no hay una legislación clara que garantice que los efectivos militares o de seguridad destacados en los respectivos centros de votación puedan votar. Solo legisla forma de votar de los supervisores, vigilantes y miembros de las juntas electorales.
Mario Ponce, diputado del PCN, sugiere que voten a través de correspondencia.
Preocupación en TSE
En el TSE, el tema ha generado preocupación porque consideran que será un retroceso a la movilización territorial de votos, algo prohibido por la ley, ya que los vigilantes deben pertenecer estrictamente del municipio de su domicilio. “Si ya habíamos superado eso, ahora viene la Sala, no se puso a analizar esa situación, porque todo se tiene que ver en la parte teórica, como en el terreno. En el terreno no valoraron esa situación y meten a los soldados, a los policías y a otras instituciones, meten en otro problema al sistema electoral”, dijo el magistrado del TSE, Ulises Rivas. Señaló que, además de policías y soldados, la sentencia permite el voto de fiscales, bomberos, médicos, miembros de la Procuraduría de Derechos Humanos y Procuraduría General de la República, que dan servicio en las elecciones.
El magistrado del TSE, Fernando Argüello Téllez, ve preocupante la situación, pero interpreta que la sentencia da el margen para establecer que solo pueden votar los domiciliados en el municipio respectivo. “En el caso de aquellos policías que no son del municipio sencillamente no van a poder votar en ese municipio, policías o militares que no sean de ese departamento, tampoco podrán votar”, dice. Para el magistrado, la sentencia ordena establecer las condiciones en las que van a votar y eso permite a la Asamblea Legislativa poner restricciones. “La Sala no da cheque en blanco”, dijo.
El magistrado Miguel Ángel Cardoza sugiere un análisis con otras instituciones, con autoridades de seguridad y Fuerza Armada para evitar que esto tenga incidencia en resultados electorales municipales en donde las preferencias son muy cerradas.
TSE ve imposible poder formar JRV en 120 días
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Fernando Argüello y Miguel Cardoza creen imposible que en 120 días puedan verificar los requisitos de posibles miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV), capacitarlos y llenar espacios que no logren cubrir los partidos políticos. Consideran que la Asamblea Legislativa debe revisar la reforma al artículo 99 del Código Electoral aprobada el 11 de agosto, que obliga a los partidos a proponer a los miembros de las JRV 120 días antes de las elecciones.
Sin embargo, el TSE cree que se verán en problemas con los tiempos si los partidos solo presentan un 60% de la gente y ellos deban sacar el resto.
Buscarán ampliar plazo para los finiquitos
La Asamblea Legislativa buscará emitir un decreto que amplíe la vigencia de los finiquitos que deben presentar los candidatos a concejos municipales.
El diputado Mario Ponce, del PCN, señaló que esos finiquitos duran 30 días, pero que el TSE pide más tiempo para inscribir a los candidatos. El Tribunal ha pedido a la Asamblea reformar el artículo 142 del Código Electoral para que las inscripciones inicien 90 días antes de las elecciones y no 50. Ponce dice que, si las solvencias duran 30 días, se vencerán en manos del TSE. El Tribunal está sosteniendo reuniones con representantes de partidos para exponer las propuestas de fechas del calendario electoral.
El 22 de junio de 2016, la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa reformas para permitir que policías y soldados voten en los centros de votación donde estarán destacados.
