Se trata del aniquilamiento “intencional de cuatro o más personas en estado de indefensión y en circunstancias similares de modo, tiempo y lugar, y que se distingue por la exposición pública de la violencia”. De esas barbaridades, dos de las ocurridas en nuestro país acaban de cumplir 43 años de consumadas. La de los seis dirigentes del Frente Democrático Revolucionario que fueron capturados, torturados y asesinados el 27 de noviembre de 1980 es la primera; la otra es la de cuatro religiosas maryknoll estadounidenses víctimas de similar brutalidad el 2 de diciembre del mismo año, con el agravante de haber sido violadas sexualmente. A las anteriores debe agregarse una más, efectuada 12 meses después: la del caserío El Mozote y otros poblados vecinos, ubicados en el departamento de Morazán. Esta tuvo lugar del 11 al 13 de diciembre de 1981 y es considerada la más terrible de las acontecidas en América Latina a lo largo de la segunda mitad del siglo veinte. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el 25 de octubre del 2012 sentencia condenatoria contra el Estado salvadoreño por –entre otras– violaciones de los derechos a la vida, a la libertad y la integridad personales, a la propiedad privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial; también por violar la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entre las salvajadas cometidas entonces y el terror generado en esos tres días, no faltaron los actos de violencia sexual.
Siendo este servidor director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, concebimos e impulsamos el Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador; su realización fue suspendida al desatarse la pandemia del coronavirus en el 2020 y, lastimosamente, no volvió reactivarse después.
Mientras ocupé ese cargo, realizamos cinco ediciones del mismo durante las cuales se presentaron 13 eventos criminales del tipo indicado que arrojaron casi 1700 víctimas entre fallecidas, desaparecidas y sobrevivientes. En los tres años siguientes fueron conocidas diez masacres más y la suma de sus víctimas superó las 1300.
Tan dantesca contabilidad se estableció con los testimonios rendidos ante el citado tribunal y, a excepción de tres, tales atrocidades ocurrieron en la campiña salvadoreña; es decir, allá donde habitaba la población más vulnerable de la época. El resto tuvo lugar en la ciudad capital, incluida la perpetrada el 30 de julio de 1975 tras la clausura -once días antes- del Miss Universo que por primera vez se llevó a cabo en el territorio nacional. Casi medio siglo después, por segunda ocasión nuestro país acaba de albergar el cuestionado concurso. A estas alturas, corremos el grave riesgo de que con eventos distractores similares o hasta de menor rimbombancia, su tan dolorosa historia siga siendo retorcida y sea repetida por quien hace tres años aseguró precisamente en El Mozote -al que erradamente citó como municipio en algún momento– que la guerra que arrojó tantas víctimas y causó tan inmenso dolor junto a los acuerdos alcanzados para frenarla fueron una farsa.
Eso afirmó Nayib Bukele entonces. Pues gracias a esos, acuerdos según él de pantomima, él es hoy presidente de la república y las masacres como las citadas dejaron de ser una práctica sistemática del terrorismo estatal más puro y duro. Hubo bestialidades en la posguerra ejecutadas por maras, ciertamente; la última ocurrió durante su mandato finalizando marzo del año pasado, al romperse un acuerdo mafioso de “paz” que tampoco fue una farsa. Dicha matanza de casi 90 personas duró también, como la de El Mozote y los caseríos cercanos, tres días. Ojalá, si Bukele se reelige inconstitucionalmente, no se nos vengan encima –citando a Vargas Llosa– aquellos “tiempos recios” en los que los cuerpos represivos y los militares se ensañaban con el pueblo. Pero..., ¡quién sabe!