Editorial & Opinion

Toca abrir bien los ojos

Eugenio Chicas / Diputado del FMLN al Parlacen

miércoles 20, mayo 2020 - 12:00 am

Durante la Cadena Nacional convocada por el presidente Bukele el domingo 17 de Mayo, como parte de su repertorio histriónico, pidió de manera solemne a la audiencia: “cierren sus ojos...” y mantenerlos así mientras discurría en apocalípticos escenarios, con su clásico estilo atemorizador. Ese capítulo me trajo a cuenta la célebre frase del laureado escritor Eduardo Galeano, -en referencia a la llegada de los conquistadores-: “Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: “Cierren los ojos y recen”. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia”.

El sábado 16 de mayo, el presidente Bukele de manera apresurada mandó a publicar en el Diario Oficial el Decreto Ejecutivo 18. Esa noche, evadiendo encarar sus propias responsabilidades, empujó a algunos de sus ministros a comparecer para enfrentar sendas dudas de los medios, reflejo de las inquietudes del país.

En la atropellada rueda de prensa, invocando falsas causas, intentaron justificar con torcidos y pobres argumentos la imposición de un nuevo decreto que usurpaba competencias  claramente establecidas en la Constitución para el Órgano Legislativo.

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Es importante aclarar que el presidente Bukele, además de haber recibido suficiente respaldo legislativo para la aprobación de sendos paquetes de préstamos, cuenta con suficientes herramientas legales otorgadas por el ordenamiento jurídico para enfrentar la emergencia de Covid-19. Es injustificable desde todo punto de vista lo actuado por el Ejecutivo, teniendo en cuenta que existía una ley que regulaba la cuarentena y además una convocatoria abierta al plenario legislativo para el lunes 18 del corriente; por lo tanto, de ninguna manera se cumplía el supuesto argumentado, relacionado a la falta de reunión del congreso.

El Decreto Ejecutivo 18 del presidente Bukele es un nuevo y bochornoso intento de golpe de Estado al legislativo, que se suma a la extensa lista de acciones inconstitucionales, desacatos a resoluciones de la Sala de lo Constitucional, descalificación y desprecio a otras instituciones como la CSJ, la PDDH, FGR; arbitrariedades contra la población, recurrentes violaciones a los derechos humanos, abandono de las políticas y normas de transparencia y acceso a la información pública; falta de apego a normas de contraloría sobre los recursos estatales y del abusivo desconocimiento a los partidos políticos de oposición y gremios empresariales.


Los desplantes dictatoriales del presidente son objeto de un creciente debate público de connotados especialistas, quienes abundan en razones, hasta psiquiátricas, que estarían pesando en los yerros de conducción del gobierno que estarían dificultando establecer normalmente -como en cualquier sociedad civilizada- una adecuada comunicación y consensos para alcanzar la unidad de la nación necesaria para enfrentar la pandemia. Más allá de los vicios y vacíos reflejados en la frecuente improvisación y descoordinación interinstitucional, pesan además la inexperiencia y la evidente ausencia de un proyecto político que establezca certeza de rumbo.

La presencia del posible trastorno psiquiátrico cada vez se ventila de manera abierta en diferentes medios de comunicación; a esa carencia de cordura también se atribuye la falta de capacidad para establecer planes y proyecciones, exigencia cada vez mayor desde la comunidad y organismos internacionales. La cordura será un tema que deben dirimir los expertos, pero lo cierto es que cualquiera que sea el origen de su padecimiento, en términos jurídicos, políticos y sociales, estamos ante prácticas y métodos claramente dictatoriales que marcan un severo retroceso a los avances democráticos e institucionales del país, poniendo en grave riesgo el consenso político para la gobernabilidad, establecido con mucho sacrificio en los Acuerdos de Paz.

Cabe preguntarse si la recurrente insistencia de romper el orden constitucional esté perversamente motivada en el interés del gobierno de tener manos libres, sin los debidos controles que aseguren probidad, transparencia y efectividad de los recursos, en un “arca abierta” en la que: se han efectuado cerca de 200 procesos de compra de bienes y servicios para la emergencia, por un estimado de 179 millones de dólares; se “repartieron” desordenadamente $350 millones a razón de $300 por familia; la Asamblea Legislativa no ha recibido información suficiente sobre el manejo de los recursos, y falta dirimir el destino y control de 3000 millones de dólares.

La moraleja de la historia que nos aporta Eduardo Galeano es: abrir bien los ojos, porque esta vez lo que está en juego es el futuro de nuestras familias y de la nación.





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