Más de 33 años de experiencia en cultivar granos básicos no le bastan a Irma de Jesús Melgar para ser sujeta a recibir un préstamo en las entidades financieras. No tiene casa ni un terreno de garantía a su nombre, pero, asegura, no se quiere quedar atrás y se mantiene en lucha por mantener a su familia.

Melgar es una de las tantas salvadoreñas que se levantan todos los días pensando en dos cosas: cómo alimentará a su familia y cómo pagará sus deudas. “Siempre hay que enjaranarse porque lo poco que saca (de cultivos) no alcanza, uno saca una parte para pagar y otra es para comer”, enfatiza.

Mujer de 49 años, tez trigueña, tiene 33 años de dedicarse a cultivar maíz, maicillo y frijol en Aguilares, de San Salvador. Trabaja junto a su esposo y es madre de cuatro hijos que sacó adelante, asegura, a base del trabajo del campo. Inició asociándose a una cooperativa para sembrar una manzana de “milpa”, con el tiempo “me enjarané con más y con mi esposo compramos una casa”, la cual pudieron al fin poner como garantía en el banco.

Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) revela que en El Salvador se destina apenas el 3.4 % del total de créditos otorgados por el sistema financiero para el sector agrícola.

El saldo de la cartera de préstamos a noviembre de 2019 alcanzó los $13,047 millones, que significó un incremento de $516 millones que el sistema financiero otorgó frente al mismo mes de 2018. El 3.4 % del monto otorgado en el último año a las actividades agrícolas representó $17,543 del total, según el porcentaje planteado por la agencia de Naciones Unidas.

El Salvador es el séptimo país de América Latina y el Caribe que menos recursos destina para el crédito agrícola como porcentaje de los préstamos totales. Según los datos de la FAO, Nicaragua lidera la región con una asignación del 14.6 %, mientras que Trinidad y Tobago es el último con apenas 0.2 %.

El otorgamiento de créditos está sujeto a condiciones de mercado que, señala la FAO, terminan siendo barreras como la dispersión geográfica, la baja escala de producción, la falta de garantías, y una oferta de financiamiento que no se ajusta a los ciclos de producción; además del exceso de trámites y la ausencia de información sobre riesgos.

Citando un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), la FAO hace hincapié en que “los avales y el nivel de ingresos que se exigen impiden que más mujeres accedan al sistema financiero, e incluso algunas entidades financieras siguen preguntando por el jefe de hogar o el propietario de la casa o la tierra, perpetuando así los estereotipos de género”.

“Tenemos que tener una propiedad, si usted va al banco y no tiene donde vivir, no vale nada”, matiza Melgar.

La productora explica que al no contar con un terreno que le sirva de garantía se ve obligada a recurrir a las cooperativas para gestionar financiamiento. “Pero en la cooperativa, no crea, no le van a prestar por $10 unos $100; prestan al 32 % de interés, pierde uno, y un banco público la ventaja es que es al 4 %; pero no todos pueden acceder a eso”, sostiene.